Dieciocho meses después de la inauguración del Centro de Atención Médico Integral de Chapinero, en octubre de 2013, el 34% de las áreas del CAMI todavía no ha entrado al servicio de los usuarios.

Una auditoría especial de la Contraloría de Bogotá permitió determinar que a pesar de contar con las obras terminadas desde hace más de dos años, hasta el pasado 23 de abril los servicios de optometría, apoyo cardiovascular y medicina interna, no estaban habilitados.

El organismo de control también denunció que una parte de los equipos adquiridos para su dotación desde hace más de 14 meses se encuentran almacenados sin prestar el servicio requerido. De 3.148 equipos médicos y elementos recibidos, 855 aún se encuentran en esta situación.

Según el Contralor Distrital, Diego Ardila Medina, este escenario afecta a unos 530 mil habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, teniendo en cuenta que las inversiones no están cumpliendo en su totalidad con el fin social esperado.

“Este panorama no se compadece con los servicios médicos que reclaman constantemente los ciudadanos. En el área de hospitalización, por ejemplo, hay 31 camas que no están cumpliendo con su objetivo porque no se han puesto en funcionamiento. Eso y no tenerlas da prácticamente igual”, señaló el Contralor.

La Contraloría de Bogotá estableció hallazgos fiscales por $2.600 millones por factores relacionados con los equipos que aún no cumplen el fin para el que fueron adquiridos, costos adicionales, áreas construidas sin cumplir el objeto del proyecto y pendientes de obra sin solucionar. Dichos hallazgos serán evaluados por la Dirección de Responsabilidad Fiscal para establecer si hay lugar a la apertura de una investigación fiscal.

Como se recuerda, en este proyecto, incluido en el Plan Maestro de Equipamiento en Salud del año 2006, se han invertido $21.860 millones, de los cuales $3.694 millones corresponden a recursos propios del Hospital Chapinero I Nivel ESE y $18.165 millones a un crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que paga actualmente la ciudad.

El contrato se encuentra en proceso de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá por diferencias de pagos entre las partes.