–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado declaró abiertamente su oposición a la suspensión de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato, pues además de sustentar que la recomendación del Ministro de Salud carece de base científica, afirmó que suspender la aspersión conducirá a crear santuarios para grupos de narcotraficanes como las Farc.

«Detener las aspersiones tiene en este momento del proceso de paz una clara connotación de medida de desescalamiento, que además de afectar la seguridad nacional, favorece al narcotráfico y a las Farc, que serán las que aprovechen dicha oportunidad», sostuvo el jefe del Ministerio Público en una carta que envió al Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado.

En la misiva, Ordoñez Maldonado le solicia al ministro convocar de inmediato al Consejo Nacional de Estupefacientes, del cual hace parte el jefe del órgano de control, para discutir esta decisión de trascendencia para el país y para la lucha contra organizaciones narcotraficantes como las Farc.

En concepto del procurador, la suspensión del uso del glifosato «es una gabela injustificada y peor que la decisión de cesar bombardeos, que por fortuna el Gobierno ya corrigió”.

En su carta, Ordoñez Manldonado señala que «prohibir sin fundamento científico la aspersión es una decisión más de carácter político» y cuestiona el hecho de que la recomendación del Ministerio de Salud coincida con una exigencia permanente de las Farc en las negociaciones de paz de La Habana.

«Lo que convenga el Gobierno con esa guerrilla no puede comenzar a implementarse hasta tanto no se firme el Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado, sería tanto como dar el derecho a cogobernar en este tema a los narcotraficantes”, asegura el procurador.

Igualmente el Ministerio Público advierte que suspender las fumigaciones ante una recomendación que “carece de base científica” del Ministerio de Salud, significaría la creación de santuarios para grupos narcotraficantes como las Farc y poner en permanente e injustificado riesgo a los miembros de la fuerza pública que asumirían la erradicación manual como única estrategia institucionalizada.

“Suspender la aspersión conducirá a crear santuarios para el narcotráfico, lugares donde se podrán realizar cultivos con la certeza de que la fuerza pública no estará en capacidad de garantizar la seguridad para los erradicadores. Mandar policías a que sean asesinados o a que caigan en campos minados no puede fundamentarse en una decisión caprichosa de no asperjar. Convertir en esas zonas a los civiles que hacen la erradicación manual como blanco de oportunidad para francotiradores es absurdo. El Gobierno sabe muy bien que existen zonas donde por razones de seguridad no es posible la erradicación manual”, precisa.

Sobre la recomendación del Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones con glifosato, el procurador califica este hecho como “el golpe de gracia a la política contra los cultivos ilícitos”, y adicionalmente advierte que no existen razones científicas, pero sí múltiples prejuicios, para sustentar dicho planteamiento.

Sobre el particular, hace las siguientes precisiones: “Analizados diferentes documentos se evidencia que a la luz de la información oficial disponible en Colombia, correspondiente a datos del sistema de salud, no existen para las entidades públicas (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional De Cancerología y Banco de la Republica) elementos de juicio que permitan concluir que hay una mayor incidencia de procesos neoplásicos (cáncer) específicos en alguna región del país, relacionado con el consumo de productos agroquímicos que tenga principio activo glifosato, bien sea en su uso agrícola o en su empleo en la aspersión de cultivos ilícitos, esto es, aplicable a cáncer en general y a leucemias y linfomas El glifosato ha sido clasificado en la misma categoría que medicamentos de uso frecuente, aprobados por el Invima e incluidos por el Ministerio de Salud en los listados del Plan Obligatorio en Salud POS. Conforme a la misma escala de clasificación en la que se encuentra el glifosato, aparecen en un grupo de mayor riesgo (categoría 1) numerosos medicamentos aprobados por el Invima e igualmente incluidos en el POS y sustancias químicas de alto consumo nacional como el etanol, contenido en las bebidas alcohólicas”.

El procurador Ordóñez destaca que en Colombia existen 18 marcas comerciales productoras de agroquímicos que contienen principio activo glifosato y que no existe evidencia de incrementos en la tasa de cáncer o en la tasa de mortalidad en el país con relación a la exposición de herbicidas con dicho principio activo.

“Tales argumentos demuestran que la recomendación del Ministerio de Salud carece de base científica. De adoptarse, sería el fin de la política contra los cultivos ilícitos en vastas regiones del país en donde la única forma, por razones de seguridad, es la aspersión. ¿Qué pasará en zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela?, lugares en donde por el uso de minas, francotiradores y por la fuerte presencia de las FARC no es posible hacer la erradicación manual. La prohibición de asperjar es un estímulo para expandir los cultivos y producir más daño al medio ambiente. En los territorios donde se aplica aumentan los cultivos, por ejemplo, los resguardos indígenas y los parques naturales”, puntualiza

De otro lado, en su carta al Ministro de Justicia, el procurador considera que son alarmantes los índices de reducción en las estrategias de lucha contra las drogas y el debilitamiento de la política contra los cultivos ilícitos en Colombia en lo relativo a aspersión y a erradicación manual, de acuerdo con el informe “Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – Diciembre de 2014” del Ministerio de Defensa Nacional.

Al efecto afirma: “El Ministerio Público observa con enorme preocupación la forma en que se ha venido desmontando, casi que de manera subrepticia, la política contra los cultivos ilícitos (…) Las cifras son contundentes. En el cuatrienio de 2006 a 2009 se asperjaron 563.422 hectáreas, para un promedio anual de 140.855. Mientras que en los cuatro años comprendidos entre el 2010 y el 2013 el total de hectáreas fue 352.972, para un promedio de 88.243. Comparados esos dos periodos, el Gobierno dejó de asperjar 210.450 hectáreas, es decir, un 37.3%. En promedio dejaron de asperjar 52.612 hectáreas por año, durante cuatro años”.

“El mismo descenso abrupto–continúa diciendo– se presentó respecto a la erradicación manual. En el periodo 2006 a 2009 se erradicaron de esa forma 264.416 hectáreas, en promedio 66.604 por año, mientras que entre 2010 y 2013 tan solo se erradicaron 131.602, para un promedio anual de 32.900. Se dejaron de erradicar 132.814 hectáreas, 50.2% de reducción, en promedio 33.203 por año.

Añade que «la caída en los dos periodos comparados es brutal. Si se suma aspersión y erradicación de 2006 a 2009 se afectaron 827.838 hectáreas, mientras que de 2010 a 2013 el resultado fue apenas de 484.574. Se dejaron de eliminar 343.264. En promedio cada año el Gobierno Nacional dejó de eliminar 85.816 hectáreas por año, durante cuatro años. En síntesis, la caída en resultados es de 41.4%”.

Finalmente subraya que “si el ritmo de la erradicación y la aspersión se hubieran mantenido como en el cuatrienio 2006 a 2009, el país estaría hoy libre de cultivos ilícitos o cerca de alcanzar esa meta”.