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Farc insisten en comisión con amplio mandato para conocer “masivas infracciones al DIH y graves crimenes de guerra”

farck–Sin reseñar las atrocidades cometidas por el grupo guerrillero en más de 60 años en Colombia y si están dispuestas a reconocerlas, las Farc insistieron este domingo en la integración de una comisión para el esclarecimiento de la verdad y no repetición, “con un amplio mandato que le permita, de forma rigurosa e independiente, conocer sobre las graves y masivas infracciones a los derechos humanos -incluidos derechos económicos, sociales y culturales-, los graves crímenes de guerra y los actos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto”.

Sólo señalan que “será imprescindible que cada parte reconozca la responsabilidad que le concierne, siendo esto en especial una obligación indeclinable del Estado infractor”.

Igualmente reiteraron su demanda de que se les reconozca “el ejercicio del derecho a la rebelión”, tras argumentar que “la construcción de la Paz en Colombia, obliga a esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos durante la confrontación política, social y armada, con sus causalidades y sus consecuencias, lo cual implica precisar el papel jugado por los distintos intervinientes”.

En un comunicado, los cabecillas de las Farc que intervienen en las negociaciones con el gobierno colombiano en La Habana, afirman, además, que la comisión también debe identificar -de forma individual y colectiva- a los responsables directos, a sus instigadores, financiadores y facilitadores a todos aquellos que de una forma u otra, por acción o por omisión, permitieron que ocurrieran los anteriores hechos o alentaron su realización, en especial quienes permanecieron históricamente en la impunidad.

Según los voceros del grupo guerrillero, “los diálogos de paz brindan hoy, una ocasión única para alcanzar la justicia social, la reconciliación y la recuperación de nuestra memoria colectiva, dándonos la oportunidad de conocer los errores de nuestra historia, para nunca más volver a repetirlos y lograr así transitar un camino de concordia en el que no existan más las exclusiones políticas”.

Así mismo advierten que “la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición, no debe ser equiparada a un órgano judicial”, pues subrayan que “de hecho se trata de un mecanismo extrajudicial de investigación, esclarecimiento y sanción” y que “todo ello no con una intención vengativa, sino para alcanzar eficazmente la reconciliación, la reparación integral de las víctimas, la restauración del daño causado a éstas, a la vez que se construyen sólidas garantías de no repetición”.

A renglón seguido dicen que “será imprescindible que cada parte reconozca la responsabilidad que le concierne, siendo esto en especial una obligación indeclinable del Estado infractor”.

Además precisan que “este Mandato, no podrá cumplirse sin que previamente se abran los archivos donde se encuentra la documentación que permitirá esclarecer lo ocurrido” y añaden que “también será fundamental, dotar a la Comisión de facultades para garantizar la comparecencia de personas, o para acceder a los lugares donde reposan las evidencias de lo ocurrido”.

“Es su obligación ética, preservar todas estas fuentes y garantizar su utilización sin límite alguno, durante y después de concluir el trabajo de la Comisión, siempre en procura de la Verdad plena, la Memoria Histórica y las más altas cotas de Justicia”, complementan.

De otro lado, reseñan que “si bien un capítulo especial de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, deberá ser el que trate el tema del paramilitarismo, el desmonte de tal fenómeno, tiene que iniciarse desde ya. De ahí que en función del resarcimiento de las víctimas y la prevención de nuevas victimizaciones, persistamos en nuestra exigencia de estructurar de inmediato, a instancias de la Mesa de Conversaciones, una Comisión Para el Esclarecimiento y Desmonte del Paramilitarismo”.

“Finalmente –dicen–,defenderemos que las recomendaciones y conclusiones emitidas por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, puedan ser cabalmente llevadas a la práctica, estableciendo para ello un mecanismo de seguimiento a su implementación, el cual deberá estar constituido principalmente por organizaciones de víctimas”.