En fallo de primera y segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la sanción impuesta a un patrullero de la Policía Nacional por presuntamente haber participado en el robo de un carro que sirvió para cometer un hurto. El uniformado fue declarado disciplinariamente responsable, al igual que un capitán y otro patrullero, por incurrir en una conducta descrita en la Ley penal como delito cometido con ocasión del cargo.

La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, estudió el caso y no encontró ningún vicio en el trámite del proceso que permitiera su anulación.
buy sildenafil online https://pridedentaloffice.com/wp-content/languages/new/sildenafil.html no prescription

“Las argumentaciones que se hacen en la demanda no resultan válidas para quebrar el principio de legalidad que ampara el acto acusado y por lo tanto se denegarán las súplicas”, indica la sentencia.

Así mismo, el Patrullero fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, después de que se comprobara que estaba involucrado en el cambio del carro que había sido utilizado en el hurto y que fue abandonado por los delincuentes en la localidad de Bosa de Bogotá, en diciembre de 2006. Las autoridades llevaron el automotor a la SIJIN de la Policía Metropolitana, mientras se adelantaban las indagaciones del caso.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá inició la indagación preliminar al conocer un informe de la Fiscalía en el que se advertía que el vehículo abandonado en la localidad de Bosa no era el mismo estacionado en el parqueadero de la SIJIN, a pesar de tener características similares.

Según la investigación adelantada por la propia Policía, el uniformado adquirió un vehículo que estaba para chatarrizar, lo hizo pintar y lo adecuó para que quedara igual al carro inmovilizado y, con la ayuda de otro uniformado, ingresó al parqueadero de la SIJIN y lo cambió por el automotor involucrado en el hurto.

El patrullero interpuso demanda de nulidad contra la decisión adoptada por la Inspección General del Grupo de Procesos Disciplinarios de la Policía, alegando violación al debido proceso.