–El Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez reclamó “castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes” para los soldados y contratistas estadounidenses, si se comprueba que violaron a 54 niñas colombianas y que además grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico, tal como lo denunció un informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Concretamente Otálora Gómez afirmó que “estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes”, en referencia a los hechos revelados en el informe, según el cual entre los años 2003 y 2007 se presentaron al menos 54 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes por personal estadounidense que laboraba en la base militar de Tolemaida en Melgar, en desarrollo del llamado Plan Colombia contra el narcotráfico.

El Defensor del Pueblo anunció que en sendos oficios enviados a los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores solicitó que a través de los canales diplomáticos y de cooperación binacional, se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones relacionadas con los presuntos abusos de militares y contratistas norteamericanos en Colombia.

El funcionario del Ministerio Público rechazó la conducta de los extranjeros, que de acuerdo con el informe, además de aprovecharse de su condición y de la vulnerabilidad de las víctimas, grabaron videos sobre sus relaciones abusivas.

Al efecto recordó que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables.

Otálora Gómez dijo que espera que los colombianos puedan conocer cuántos de los 54 casos mencionados en el informe de la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.

Finalmente, el Defensor del Pueblo valoró el compromiso expresado por la Embajada de Estados Unidos respecto a su determinación de no tolerar ni permitir este tipo de conductas, a la vez que pidió a la Fiscalía General de la Nación informar sobre los casos de miembros de la Fuerza Pública colombiana, presuntamente comprometidos en situaciones similares.