Según la Contraloría General de la República, la venta de ISAGEN, le puede generar a la Nación recursos de entre $4,7 billones y $9,3 billones, es una de las pocas alternativas que tiene el Estado para financiar los proyectos de las nuevas concesiones viales de cuarta generación; pero la medida podría provocar una baja en los ingresos del país y llevar a recortes presupuestales en los próximos años en algunos sectores, además de una afectación en el mercado de energía eléctrica y la estructura tarifaria; sin contar con que se pasa a depender en ese sector estratégico de las actuaciones y determinaciones de las empresas privadas.
El organismo fiscalizador de las finanzas públicas analizó la enajenación accionaria de la Nación en ISAGEN y advirtió que dicha acción, podría significar el cambio de un activo productivo por otro cuya rentabilidad es difícil de cuantificar.
Aseguró que la venta de ISAGEN, genera presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos para la financiación del gasto público, por lo cual la venta en las actuales condiciones de los ingresos de la Nación llevaría al Gobierno, en los próximos años a hacer recortes presupuestales en otros sectores diferentes al de infraestructura vial.
Señaló que Si bien es cierto que el control regulatorio lo tiene el Estado, también es cierto que hoy la empresa tiene poder de mercado, que por su capacidad en la producción eléctrica es de importancia estratégica, en un mercado oligopólico donde participan las empresas. En este escenario deben plantearse los riesgos que supone para el Estado la venta de la participación accionaria en ISAGEN pues limita el control natural que tiene hoy el Estado en el mercado nacional de energía eléctrica.
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Además señala que el Estado pasa a depender de las acciones de los privados para expandir la oferta energética, “Las empresas estatales han mostrado ser el principal instrumento con que ha contado el país para garantizar una oferta energética eficiente y confiable, fundado en inversiones para el desarrollo de la capacidad instalada que se requiere con miras a suplir las necesidades que presenta la demanda nacional de energía eléctrica”.
Según en ente de control, en Colombia, las empresas con participación estatal son, mayoritariamente, las emprendedoras de los grandes proyectos, presentando un importante nivel de cumplimiento en su construcción. Un caso reciente es EPM, que aun cuando suspendió temporalmente la construcción del proyecto Porce IV, en este momento se encuentra adelantando el proyecto Hidroituango.
Finalmente, la Contraloría instó al gobierno y su respectivas entidades a que los recursos de la venta deben ser ejecutados en lo que se ha planeado y en el tiempo proyectado, de lo contrario los recursos obtenidos se convertirían en un flujo de caja que permitiría aliviar temporalmente la coyuntura fiscal y no revertir en los beneficios económicos y sociales esperados.
“Se ha expuesto que los recursos provenientes de esta venta serán invertidos en la construcción de las carreteras de cuarta generación, sin existir certeza aún de los recursos para los cierres financieros de la segunda y tercera ola de concesiones, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la destinación de los recursos estimados como producto de la venta y que serían otorgados a los inversionistas con unas condiciones de crédito flexible. Por ello se debe garantizar la realización y cumplimiento de los proyectos de 4G”, enfatiza el análisis de la Contraloría.
Sostiene también que los impactos fiscales del programa de construcción de cuarta generación de concesiones viales son de difícil cuantificación y además no se manifestarán de manera inmediata, como si es inmediato el efecto de que la Nación deje de percibir dividendos de la empresa.
