Desde un evento que encabezó en la ciudad de Los Teques, cercana a Caracas, que fue transmitido en cadena de radio y televisión, el presidente de Venezuela Nicolas Maduro, denunció que la “derecha extrema” colombiana y venezolana paga “con droga y dólares” a bandas de criminales para que salgan a asesinar gente en su país. Además, el mandatario dijo que estas mismas coaliciones manejan un plan para derrocar su gobierno.

Según el presidente, “la derecha”, en su supuesto plan para derrocarlo, maneja varios “frentes” para sacarlo del poder, el primero de ellos concentrado en un sabotaje a la economía del país y el segundo en “la delincuencia organizada pagada con droga y dólares”. Y añadió, “Tenemos pruebas de la articulación de líderes principales de la derecha extrema venezolana, de la derecha extrema de Colombia con bandas criminales a las cuales les pagan con droga y dólares (…) para que salgan a matar gente, seleccionada por ellos, y crear una situación de caos en el país”, dijo.

El presidente señaló que su Gobierno está enfrentando dificultades causadas por “conspiraciones, perversidades, maldades”.

“Así lo denuncio, es el segundo frente de ataque que tenemos ahorita, han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completamente (…) buscaron la articulación con la delincuencia más violenta”, señaló.

El ministro de Interior venezolano, Gustavo González, informó de la desarticulación de una banda criminal “paramilitar” que operaba en una zona popular de Caracas, conformada por individuos que se hacían pasar por obreros y por miembros de organizaciones sindicales y que portaban cédulas de Colombia y Venezuela.

Según González, esta banda desarrollaba actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, los robos, los sicariatos y el tráfico de drogas y de armas.

Venezuela se ha visto estremecida en los últimos días por casos de violencia en diferentes partes del país entre los que destaca la muerte, a fines del mes pasado, de nueve personas de una misma familia a manos de delincuentes en residencias del programa social del Estado llamado Misión Vivienda en el céntrico estado Miranda.