Varios reparos se escucharon por parte de los senadores de la Comisión Sexta de Senado frente al proyecto de ley de autoría de los senadores Andrés García Zuccardi y Mauricio Lizcano, ambos del partido de la U, a través del cual se pretende establecer medidas que permitan regular y frenar la competencia desleal que se ha venido evidenciando en el servicio de transporte individual de pasajeros.

La propuesta de los senadores gira entorno a tres ejes fundamentales que son: establecer las modalidades de contratación para los conductores, fijar los requisitos mínimos para su profesionalización y vinculación al sistema de seguridad social.

Se contemplan además tres tipos de servicio: básico, con el cual se garantiza una cobertura adecuada, cuyos términos de servicio y costo lo harían accesible a todos los usuarios, y se prestaría con vehículos tipo automóvil. De lujo, este servició ofrecerá a los usuarios mayores condiciones de comodidad y accesibilidad, operación y seguridad en términos de servicio, control de la operación y tarifas superiores a las del servicio básico. Este deberá ser prestado con vehículos de lujo tipo automóvil, camperos y camionetas hasta de siete pasajeros; y por último el servicio de limosinas, que serán vehículos con mayores comodidades y lujos con capacidad hasta de nueve pasajeros y su tarifa será superior a las del servicio básico.

Y es que según la interpretación que hicieron de este proyecto de ley los miembros de la Comisión Sexta, se le estaría entregando este mercado a un solo prestador de servicio de transporte individual, es decir a los taxistas tradicionales, pues podrían prestar el servicio de lujo, si así lo desearan, el mismo que prestan empresas como Uber.

Según el artículo 11 del proyecto, las autoridades de transporte competentes deberán legalizar el servicio de transporte terrestre automotor individual, en el nivel de servicio de lujo, permitiendo el ingreso de taxis de lujo, limosinas, camperos y camionetas, al parque automotor, reglamentando la cantidad de servicios de lujo que podrán transitar dentro de cada ciudad o municipio.

Además, será la autoridad local competente la encargada de habilitar a las empresas que quieran prestar el servicio de transporte de pasajeros individual de lujo y las empresas de transporte público individual de pasajeros de taxis que operan en la actualidad podrán implementar el servicio de lujo de taxis.

Al respecto la senadora Susana Correa (P. Centro Democrático), haciendo precisión en que efectivamente en el país hace falta regulación frente al tema de transporte público individual, señaló que no se puede pensar en aplicar una regulación en la que se mezcle el servicio de taxi especial con el servicio de lujo.

“No podemos mezclar manzanas con peras. Le hemos pedido al Ministerio de Transporte que debe regular el servicio de lujo debido a que no entra como servicio especial en la normatividad vigente, es decir en los decretos 172 y 174 de 2001, pues las características del servicio son diferentes”, dijo la Senadora.

Anotó que lo que se necesita con urgencia es un decreto que reglamente el servicio de transporte especial, pero que no se pueden unir todos los transportes en una ley.

Por su parte, el senador Mauricio Aguilar (P. Opción Ciudadana), señaló que de manera explícita, en el parágrafo 2 del Artículo 6° del Plan Nacional de Desarrollo, se le otorgaron facultades al Gobierno Nacional para que regule y reglamente el servicio de lujo dentro de la modalidad de transporte individual de pasajeros. Propuso no archivar el proyecto pero sí aplazar su discusión y nombrar una subcomisión.

“Pienso que estaríamos desgastándonos si queremos entrar a regular este sistema cuando ya le dimos la potestad al Gobierno Nacional. Pero además, debemos diferenciar si vamos a regular un sistema de lujo de taxis o un sistema de servicio de taxi tradicional, pues en el proyecto no hay claridad al respecto”, aseveró Aguilar.

De acuerdo con la interpretación que hicieron los senadores Jorge Hernando Pedraza (P. Conservador) y Guillermo Santos (P. Liberal), recomendaron archivar el proyecto tal como fue presentado y proponer uno nuevo consultado con el Gobierno Nacional. Pedraza argumentó que “el proyecto de ley pretende que los empresarios del servicio de taxi tradicional tengan licencia exclusiva para montar el servicio que no dejaron montar (refiriéndose a Uber), quieren exclusividad en la habilitación”.

Por su parte el senador Guillermo Santos, expresó que este tipo de proyectos “genera suspicacias e incomodidades y que podría dar al traste con el sistema de transporte organizado en la ciudad”.

Refiriéndose a este tema, el senador Mario Fernández Alcocer (P. Liberal), sostuvo que está de acuerdo con la mayoría del articulado que se propone dentro del proyecto de ley, especialmente en el tema de modalidades de contratación de los conductores y afiliación al sistema de seguridad social, pero hizo reparos en el sentido de que “se abre la posibilidad de que el servicio de trasporte individual tradicional absorba el mercado de servicio de lujo (Uber) dejando a un lado el debate el cual están obligados a hacerlo en la comisión”.

Por último, el senador ponente explicó que este proyecto no es improvisado y que su estudio lleva mucho años en los que se han concertado con distintos sectores involucrados en la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros, además ha intervenido el Ministerio de Transporte, del Trabajo, Educación, entre otras entidades del Gobierno, pero que igual está abierto a las críticas constructivas e invitó a sus compañeros a leer detenidamente la iniciativa y si es caso dedicarle toda una sesión a su discusión.

Finalmente, a falta de quórum decisorio, la discusión y votación del proyecto fue suspendida al igual que la votación de la conformación de la subcomisión.