La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la decisión de no otorgar la libertad al excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena medio, Ramón Isaza Arango, alias “El Viejo” quien mediante recurso de apelación, buscaba ser traslado de cárcel, alegando graves quebrantos de salud.

A juicio de la Magistrada, Isaza, alias “el viejo”, no presenta ninguna enfermedad grave, por lo que el centro carcelario La Picota le puede garantizar un tratamiento médico adecuado. La solicitud, buscaba que lo trasladaran al municipio de El Doradal (Magdalena).

“No procede la revocatoria de la determinación impugnada, en cuanto los argumentos del defensor ninguna aptitud tienen para acreditar un dislate en la determinación adoptada por la Magistrado de Justicia y Paz”, precisa la decisión de la Corte Suprema, al rechazar los argumentos de la defensa de Isaza Arango los cuales fueron catalogados como un “dislate”.

De acuerdo con el recurso presentado por la defensa del exjefe paramilitar, alias “El Viejo” presenta un cuadro de hipertensión arterial, disilipidemia, problemas en el corazón, Párkinson, trombosis venosa profunda, entre otras.

El Tribunal Superior de Bogotá impuso una condena de 40 años de cárcel a Ramón María Isaza Arango y otros 4 excabecillas paramilitares por los crímenes que cometieron entre los años 1977 y 2006, en la zona del Magdalena Medio. Sin embargo, los condenados solo purgarán 8 años de presidio por efectos de la ley de justicia y paz.

El confeso exparamilitar, Ramón Isaza, se le atribuyen numerosos Fue condenado a ocho años de prisión por delitos de lesa humanidad, según una sentencia dada a conocer por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

El exdirigente paramilitar, que dirigió el grupo Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, fue condenado por más de cien crímenes de lesa humanidad crímenes cometidos entre 1977 y 2006, como desplazamiento forzado, homicidio agravado, tortura, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y violencia de género, que dejaron más de 400 víctimas.

El Tribunal Superior advirtió que si durante el cumplimiento de la pena se determina que los condenados no entregaron, ofrecieron o denunciaron todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado al que pertenecieron, para resarcir a sus víctimas, perderán el beneficio de la pena alternativa y tendrían que pagar los 40 años efectivos de cárcel.