Como insostenible fue declarada la situación de las Empresas Sociales del Estado que prestan sus servicios a lo largo y ancho del país, debido a una mezcla de factores que las tienen al borde de su desaparición, con lo cual se podría desatar la mayor crisis de la salud en la historia de Colombia, afirmó la presidenta Ejecutiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez.
“No se trata de ser alarmistas, pero la verdad es que la opinión pública debe conocer de primera mano lo que realmente está ocurriendo con los hospitales públicos, que son los que atienden a la mayoría de colombianos, entre ellos los más pobres. Si no se toman decisiones urgentes, se podrían perder miles de vidas porque literalmente no habrá cómo atenderlos oportunamente”, aseguró Zuluaga.
En primer lugar las deudas sin pagar por parte de las EPS que llegan a 4,5 billones de pesos. Esta cartera está más que enredada porque las EPS se encuentran en su gran mayoría en insolvencia económica y están haciendo propuestas de pago de la cartera a 5 y 7 años, sumado a esto, éstas entidades se niegan a conciliar sus acreencias y a liquidar los contratos de prestación de servicios, lo que tiene en grandes dificultades a los hospitales a cargo del estado.
La líder gremial explicó también que la obligación a la “laboralización”, que es la inclusión en nómina de los equipos profesionales que son contratistas, tiene en serios aprietos a las ESE, toda vez que si bien ese sería el camino más justo para el trabajo digno, los hospitales no cuentan con los recursos que garanticen el pago de esos nuevos salarios, con los que las demandas laborales serían por miles en el corto plazo, debido al incumplimiento.
De otro lado, -advirtió la Presidenta de ACESI-, los graves problemas que enfrentan estas entidades son el riesgo fiscal y financiero en el que están 568 hospitales públicos, cuyos planes de saneamiento, dentro del marco de las exigencias del Ministerio de Hacienda o la Superintendencia Nacional de Salud, son casi imposibles de cumplir en máximo 1 año, mientras que a las EPS sí se les dan gabelas y oportunidades de pagar sus deudas en plazos hasta de 7 años, bajo condiciones leoninas. Irónicamente, las empresas promotoras de salud que más deben son las de origen público, o que están intervenidas por el estado.
“En general, el modelo de la siniestra relación entre las EPS y los prestadores, supone un trato no solo en desventaja para los hospitales, toda vez que incluso los incrementos de la UPC, en buen porcentaje, quedan en manos de los primeros, con lo que el deterioro en la calidad del servicio sigue creciendo”, puntualizó.
Para buscar alternativas objetivas, este jueves 28 de mayo, desde las 8:00 am los actores del sector, entre ellos unos 400 gerentes de hospitales de todo el país se harán presentes en el Auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma en Bogotá (Calle12B #4-31). Cada Departamento del país expondrá su situación ante el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el presidente de la Comisión VII de la Cámara, Didier Burgos Ramírez; el delegado de los Gobernadores del país, Carlos Alberto Botero de Risaralda; el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Carlos Alberto Torres Ruiz, la delegada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y otras autoridades del sector.
