El concejal por el partido de La U, Javier Palacio, denunció que la ciudad se puede ver avocada a pagar multimillonarias demandas por accidentes e incidentes en que estén involucrados buses de transporte tradicional, que hoy y en los próximos meses, se unirán a la empresa de servicio público del Distrito.

Según el cabildante, “La decisión tomada por el alcalde Gustavo Petro de que el distrito asuma jurídica y administrativamente el control de los buses tradicionales es una decisión equivocada y apresurada, que conllevará a que Bogotá termine inmiscuida en una cascada de líos legales por cuenta de los accidentes e incidentes en los que estos buses se vean involucrados”.

Y añadió “Nuevamente las improvisaciones del señor alcalde se hacen presentes al anunciar a partir de hoy, la hora cero para la implementación total del SITP cuando este aún está a medias. Que el alcalde busque un titular de prensa no puede exponer a la ciudad a multimillonarias demandas y procesos jurídicos por cuenta de un negocio de particulares que debe continuar en manos de particulares”.

Para Concejal resulta paradójico que el Distrito cargue con el lastre de más de 5000 buses de los cuales no tiene el control de quienes los conducen, del estado tecno-mecánico y mucho menos del cobro de pasajes porque allí seguirán los usuarios pagando en efectivo.

De acuerdo con Palacio, los buses solo deben pasar a manos del distrito para su chatarrización y su operación y control debe seguir en manos de los particulares hasta que el SITP pueda asumir sus rutas y remplazarlos.

Además señaló que “antes cada accidente que generen, cada víctima o herido que se presente en algún incidente con estos buses, el distrito tendrá que responder por ser el responsable jurídico y administrativo de los mismos”.

“Ya suficientes problemas hay con una flota cercana a las 80 compactadoras de basura varadas, un POT demandado y suspendido y 700 mil millones invertidos en lotes para la ALO convertidos en un elefante blanco, como para que la ciudad herede otro problema más por cuenta de los “antojos” de un alcalde que ya está de salida y está pensando más en sus aspiraciones presidenciales que en el futuro de la ciudad” afirmó.

Finalmente el cabildante hizo un llamado a los entes de control para que revisen los actos administrativos que sustentan está decisión del alcalde y para que verifiquen si están ajustados a la ley y no comprometen la estabilidad jurídica y económica de la ciudad.