La Fiscalía acusó a tres de los directivos de la Fundación Universitarias San Martín (FUSM) por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, fraude procesal, fraude a resolución judicial y falsedad material en documento público.

El escrito de acusación fue presentado ante el Juzgado 40 Penal del Circuito de Bogotá en contra del fundador de la FUSM, Mariano Antonio Alvear, y los exdirectivos José Ricardo Caballero Calderón y Juan Carlos Mahecha Cárdenas, quienes fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

En estos momentos, los tres hombres se encuentran presos con medida de aseguramiento. En la cárcel Modelo de Bogotá están Mahecha y Caballero, mientras que, debido a su grave estado de salud, Alvear fue afectado con detención domiciliaria y está recluido en su residencia de Girardot (Cundinamarca).

La acusación está referida a que en el transcurso del proceso investigativo, la Fiscalía encontró que el patrimonio de la FUSM fue usado por sus directivas de una manera indebida durante mucho tiempo a través de empresas con ánimo de lucro, que se pueden considerar entes de papel pues no tienen elementos físicos que los sustenten. A través de ellas, realizaban compras de bienes suntuarios. Los directivos de esas empresas son los mismos de la universidad o su sede opera en las instalaciones de la FUSM.

De acuerdo con la Fiscalía, los tres diectivos constituyeron una serie de actos “delictivos” como el no pago de sus obligaciones laborales y fiscales, para lo cual constituyeron organizaciones con documentación falsa para levantar las medidas cautelares que ordenaron los juzgados laborales.

Además, cuando las ventas ficticias de bienes no operaban, entregaron los mismos a una fiducia para dejar a salvo los inmuebles de la entidad. Con estas operaciones, la universidad aparentemente no tiene bienes que les puedan quitar en un eventual proceso ejecutivo. Además, suscribieron créditos a través de la fiducia, pero no los pagaron.

Asimismo, ofrecieron matrículas a estudiantes en programas que tenían registro cancelado. Además, evadían igualmente los impuestos, no sólo porque todo lo constituían como fondo o fundaciones, sino que negaban siempre que debieran pagar cualquier tipo de impuesto, aun cuando este también debiera ser pagado por las fundaciones.

Estas matrículas se consignaban en cuentas paralelas que no pertenecían a la Universidad.

Las empresas a través de las cuales se desvió el dinero de la FUSM y cuyos activos sumados llegan 80 mil millones de pesos son el Fondo para el Fomento de la Educación, Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva, Fundación Qualite Fish Meat and Vegetable Corporation y el Fondo para el Mejoramiento y Crecimiento de las Necesidades Básicas Alimento, Salud y Educación. Además, hay otras 17 empresas con características de empresas de papel.

El pasado 6 de marzo, durante la audiencia de imputación de cargos, se informó que estas personas desviaron al exterior casi un billón de pesos para eludir el pago de sus obligaciones. En la investigación se detectaron 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales y 17 fraudes a resolución judicial.