El proyecto de ley del senador Iván Duque y la bancada del Centro Democrático que busca racionalizar los gastos en publicidad estatal fue aprobado en primer debate con ponencia positiva del senador Ángel Custodio Cabrera y con el apoyo de los miembros de la Comisión Sexta de Senado. De esta forma la iniciativa comienza así su tránsito legislativo para ser discutida en la Plenaria de Senado.

“Celebro que la Comisión Sexta haya aprobado un proyecto que busca hacer más eficiente, focalizado y transparente el gasto público en publicidad”, señaló el senador Duque.

El proyecto prevé que la publicidad estatal tenga como fin informar a la población sobre temas relacionados con el acceso a bienes y servicios provistos por el Estado, y advertir sobre situaciones de urgencia, interés general o inmediatez. Es decir, que tenga un uso pedagógico. Además, restringe el uso de esta publicidad para fines de autopromoción, anuncios de autogestión, o aquella que muestre resultados o hechos cumplidos.

El adecuado control y vigilancia de las autoridades sobre los tipos de contratos, los contratistas y el cumplimiento de éstos son otras de las características del proyecto, teniendo en cuenta que según reportes de la Contraloría General de la República el Estado se ha gastado 2,3 billones de pesos que comprenden entre publicidad y eventos en el periodo comprendido entre enero de 2012 y enero de 2014.

Según el ente de control el 80% de esos gastos se ha autorizado bajo la modalidad de contratación directa; y sólo, aproximadamente, un 10% de la publicidad estatal ha sido pedagógica; la Contraloría también advirtió sobre algunas fallas institucionales como la debilidad en la información sobre contratos y contratistas, falta de precisión, entre otras.

El proyecto prohíbe la contratación directa en publicidad, salvo situaciones sobrevinientes de fuerza mayor. Adicionalmente le da herramientas a las instituciones para que hagan seguimiento a sus políticas de publicidad, por ejemplo, exigiendo la creación de un comité de contratación que planee con indicadores de impacto y evaluación las estrategias planteadas; que hagan un reporte trimestral de los gastos en publicidad y eventos; y que ninguno de los funcionarios aparezca en la publicidad oficial.

En el tema electoral, la publicidad estatal será prohibida seis meses antes de las elecciones, salvo para la pedagogía electoral, que será reglamentada por la Organización Electoral, y aquella que se relacione con urgencias o información inminente de interés social, económico o ecológico.

Este proyecto de ley pondría a tono a Colombia con las recomendaciones del Sistema Interamericano a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en materia de publicidad oficial, en donde se advierte la necesidad de una legislación especial, objetivos claros para la publicidad estatal, mecanismos de verificación, control externo, entre otros. Y le permitiría al país seguir el ejemplo de países que ya legislaron sobre el tema como Perú, España y Canadá.