Al atentado contra una torre de conducción de energía en el corregimiento Aguaclara de Buenaventura, cuyo derribamiento mantiene sin luz a más de 400 mil habitantes en ese importante puerto del Pacífico colombiano, se suman hechos muy preocupantes como el reclutamiento de dos niños indígenas en Jambaló, Cauca, y las graves heridas ocasionadas a una adolescente de 16 años en estado de embarazo, como consecuencia de los recientes ataques en Tumaco, Nariño.

Frente al primer caso, la Defensoría Regional en el Valle del Cauca realiza seguimiento permanente a las labores de restablecimiento del servicio eléctrico, que comienzan con el aseguramiento de área por parte de las Fuerzas Militares, y continúan con la recuperación de la estructura afectada en Buenaventura.

Por otra parte, la Defensoría Regional Cauca acompaña la situación de dos estudiantes de 16 años, quienes el pasado 24 de mayo fueron reclutados por miembros de las Farc en la vereda El Tablón del municipio de Jambaló, separándolos de sus familias, interrumpiendo sus estudios de séptimo y noveno grado de bachillerato, y obligándolos a permanecer con el grupo armado ilegal. Uno de los menores logró escapar, pero resultó herido, siendo trasladado a un hospital de Popayán, donde actualmente recibe atención especializada. La Defensoría lo visitó y corroboró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumiera la protección del joven y su proceso de restitución de derechos. Así mismo, la Entidad se mantiene vigilante en la zona, pues la otra estudiante reclutada por la guerrilla sigue en manos de esa organización y los cabildos indígenas fijaron un plazo perentorio para su entrega.

A lo anterior hay que agregar las delicadas consecuencias que uno de los recientes atentados cometidos por las Farc en Tumaco, Nariño, tuvo para una joven, también de 16 años, con 25 semanas de embarazo, quien recibió impactos de arma de fuego y fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

Todo ello, sin contar la voladura de un tramo de la vía al Mar entre Popayán y Pasto el 29 de mayo, la quema de dos buses de transporte de pasajeros en Antioquia, y el ataque de las últimas horas en un sector de la carretera que comunica a Villavicencio con San José del Guaviare.

Ante este escenario, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, afirmó que interrumpir la tregua unilateral ofrecida por la guerrilla como consecuencia de la coyuntura actual que afronta el conflicto armado colombiano, no es patente de corso para que ese grupo al margen de la ley atente contra bienes civiles, o peor aún, contra los ciudadanos que nada tienen que ver con la confrontación, y recordó que es deber de las Farc (aún sobre la base de negociar en medio de la guerra) respetar y acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario.