Con ocasión de los hechos de violencia generados esta semana en el corregimiento de Las Mercedes, ubicado en el municipio de Sardinata (Norte de Santander), la Procuraduría General de la Nación, en comunicación dirigida al comandante de Policía de este departamento solicitó tomar las acciones correspondientes no solo para garantizar la vida y la seguridad de la población civil sino la de los mismos miembros de esa institución asignados a esa jurisdicción.

Señala la misiva que los uniformados se encuentran acantonados en las casas habilitadas como estaciones temporales de Policía, sin contar con las condiciones mínimas de seguridad, desconociendo, al parecer, no solo la situación geográfica sino los antecedentes históricos de tomas por parte de grupos irregulares, ya que como es sabido dicha localidad no cuenta desde hace algún tiempo con una estación de Policía.

Destacó también el procurador regional de Norte de Santander en su carta que familiares de los policías acantonados en el citado corregimiento, informaron al Ministerio Público la tensa situación que allí se vive a instancias de la amenaza de que en el curso de esta semana se volvería a atacar a la institucionalidad representada por los miembros de la Policía Nacional allí instalados.

El representante del ente de control advirtió que los registros fotográficos aportados a la queja demuestran un estado de indefensión de los uniformados frente al accionar subversivo.

Finalmente requirió al comandante de Policía informar con carácter urgente, en el término de dos días, las medidas que se han adoptado frente al derecho fundamental de protección a la vida de los civiles y de la fuerza pública afectada así como las acciones operacionales que se estén gestando para contrarrestar las acciones violentas, certificando en qué consiste el apoyo, tanto logístico como humano, que fue o será remitido al mencionado corregimiento.

Mediante esta actuación la Procuraduría General de la Nación busca proteger y garantizar en todo momento la vida, la integridad y la dignidad de las personas, cualquiera que sea su condición, en cumplimiento de las competencias de carácter preventivo que le asigna la Constitución.