–El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez volvió a cuestionar la integración de la llamada “Comisión de la Verdad” propuesta en las negociaciones con las Farc en La Habana, por considerar que no garantiza imparcialidad y autonomía, pues su selección depende del grupo guerrillero y porque además “no hay una sola sílaba en el Acuerdo que condicione beneficios penales por la obligación de comparecer ante la Comisión de la Verdad y revelar la verdad sobre los crímenes atroces”.

El jefe del ministerio público advierte que “el único competente conforme la Constitución para adoptar y regular una comisión de la verdad es el Congreso de la República, no las Farc ni el Gobierno Nacional” y que “así lo dejó claro el acto legislativo 01 de 2012”, agregando: “La mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, no es soberana”.

El comunicado del procurador señala:

La Procuraduría General de la Nación hace las siguientes precisiones frente a las declaraciones del Gobierno Nacional respecto a la Comisión de la Verdad:

1. La Procuraduría tiene la obligación constitucional de velar por el respeto a los Derechos Humanos y particularmente por los de las víctimas. La verdad es un derecho individual de todas las víctimas y un derecho colectivo de la sociedad colombiana, la Procuraduría tiene que defenderlo.

2. La Procuraduría ratifica que la independencia, imparcialidad y autonomía de la Comisión de la Verdad no está garantizada. Un Comité de Selección será el que decida su conformación. Ese comité será integrado por 3 personas propuestas por las Farc. El grupo además deberá aprobar 3 nombres de los que proponga el Gobierno.

Para el Gobierno es equivocado creer que sean “tres seleccionados por el Gobierno y tres por las Farc, como algunos han supuesto”, sin embargo (alias) Rodrigo Granda, miembro plenipotenciario de la mesa de conversaciones por las Farc, explicó de la siguiente forma el procedimiento que el gobierno oculta: “El gobierno colombiano pasa 6 nombres a las Farc, las Farc pasan 6 nombres al Gobierno, de ahí, entonces, se escogen tres de cada una de esas listas”. “Tres del gobierno y tres de las Farc en escogencia”.

La Procuraduría le pregunta al Gobierno ¿Qué derecho tiene la guerrilla para proponerlos? Si no es razonable dar ese poder a las AUC o a agentes estatales que delinquieron, ¿por qué sí concederlo a ‘Timochenko’? ¿Por qué a un aparato armado no disuelto?

3. El Gobierno señala que en el Acuerdo las Farc se comprometen “a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión”, pero las Farc dicen otra cosa.

(Alias) Rodrigo Granda señaló: “Nosotros respondemos como todo un colectivo, no podemos dejar allá a la gente que diga individualmente las cosas. Nosotros asumimos la responsabilidad como organización, no como individuos aislados”. Las Farc no quieren la verdad, por eso pretenden impedir que los guerrilleros individualmente vayan a la Comisión de la Verdad a narrar lo que saben de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio cometidos. ¿Cuál compromiso?

4. La Procuraduría insiste en que no hay una sola sílaba en el Acuerdo que condicione beneficios penales por la obligación de comparecer ante la Comisión de la Verdad y revelar la verdad sobre los crímenes atroces.

5. El Gobierno niega que las recomendaciones sean vinculantes, porque no lo dice expresamente el Acuerdo, pero, ¿si las recomendaciones de la Comisión no pretenden ser aplicadas, por qué y para qué el Gobierno y las Farc pactan crear un “Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión”, tal y como aparece en el Acuerdo?

El acuerdo además señala: “El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones”. “El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones”.

6. Respecto a la Comisión Histórica y de las Víctimas, el Gobierno omite que entre los 12 integrantes de la misma una proporción fue propuesta por las Farc, no menos de la mitad. La conformación se hizo, de acuerdo al comunicado del 5 de agosto de 2012 de la Mesa de Conversaciones, “sobre la base de los nombres seleccionados por cada delegación”, esto es, las Farc y el Gobierno. Un paso decisivo a una verdad negociada.

7. La Procuraduría General de la Nación resalta que el único competente conforme la Constitución para adoptar y regular una comisión de la verdad es el Congreso de la República, no las Farc ni el Gobierno Nacional. Así lo dejó claro el acto legislativo 01 de 2012. La mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, no es soberana.