Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, excomandante del denominado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue excluido del llamado proceso de justicia y paz, que está contemplado en la ley 975 del 2005, por incumplir sus compromisos judiciales.

La determinación de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla fue tomada por solicitud de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional.

El pasado 21 de mayo, la Fiscal 58 Delegada ante el Tribunal Superior, durante su intervención en la audiencia, argumentó que alias Jorge 40 no cumplió con las obligaciones propias de la ley 975 de 2005, entre otras, no garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y no asistir a las diligencias programadas por la Fiscalía en el marco del proceso, pese a los requerimientos escritos enviados al postulado a la cárcel del estado de Virginia (Estados Unidos), donde se encuentra recluido.

Al respecto, la Sala consideró que Tovar Pupo ratificó lo dicho por el ente acusador y señaló que incumplió con los compromisos adquiridos al desmovilizarse en el 2006 y postularse a la citada ley. La audiencia se realizó en una de las salas de la magistratura de Justicia y Paz, ubicada en el Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a través de videoconferencias.

En su intervención, el magistrado Gustavo Roa Avendaño, del Tribunal, manifestó que la extradición no es motivo para que el postulado no cumpliese con los requisitos contemplados en la ley de justicia y paz a fin de contribuir a esclarecer la verdad y para realizar los procesos de reparación a que tienen derechos las víctimas.

Con la exclusión del programa, Tovar Pupo deberá responder ante la justicia ordinaria por cada uno de los hechos en los cuales participó durante su permanencia en el grupo al margen de la ley. En estos se destacan la parapolítica, ejecuciones extrajudiciales, homicidios de profesores y sindicalistas, participación en varias masacres. Incluso, habría participado en la desaparición de siete investigadores del CTI.

Con esta decisión no se ven afectados los derechos de las víctimas.