El Consejo de Estado ratificó la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al considerar que no es competente para estudiar la legalidad de los cambios económicos en el uso del suelo.

Según el alto tribunal, será un juez administrativo quien tendrá la última palabra sobre el tema ya que la Corporación reiteró que no tiene injerencia para definir este tipo de casos que, de acuerdo a la normatividad, es de competencia del Concejo Distrital.

El Plan de Ordenamiento Territorial había sido demandado y solicitado su suspensión tras argumentar que no se concertó y aprobó por el Concejo de Bogotá sino por medio de un decreto expedido por el alcalde Mayor de la capital del país.

En ese momento, desde la Administración Distrital apelaron a un recurso de nulidad sobre esa decisión, el cual nuevamente fue negado.

Este nuevo concepto se da faltando seis meses de que el alcalde termine su período como alcalde de Bogotá.