El Gobierno nacional adelanta un proceso para reducir en más del 80% los contratos con las empresas de seguridad y vigilancia privada. Este proceso es liderado por la Agencia Nacional de Contratación y de seguir adelante obligaría a las empresas de seguridad a cesar su actividad laboral, lo cual implicaría el despido masivo de vigilantes, quienes en su mayoría son de estratos muy bajos y solo cuentan con este ingreso laboral.

Todo obedece al filtro de contratación que busca generar la Agencia gubernamental para este fin, Colombia Compra Eficiente, la cual adelanta el proceso Acuerdo Marco de precios, el cual propende la concentración del mercado en aproximadamente 20 empresas de las 776 que existen en el país.

Esta sector es un conglomerado de empresas tradicionalmente familiares que encuentra en la contratación estatal el máximo nicho de mercado. Los pliegos presentados ante la opinión pública, tan solo un día antes de citarse a la audiencia pública para asignación de riesgos, lleva claramente al favorecimiento de pocos, la desaparición de pequeñas y medianas empresas y el desempleo para un alto número de guardas.

«Lo que se ve aquí es la gran angustia de colombianos que han construido empresa durante muchos años; Colombia Compra Eficiente insiste en no escucharnos, en dar una respuesta ligera a los pre – pliegos diciendo simplemente: » No se acepta». Simplemente señala que si en otros países se adelantaron procesos así, Colombia debe copiarlo. Nosotros también le podemos demostrar miles de ejemplos foráneos donde justamente los acuerdos marcos no han funcionado y aquí se va a presentar un desangre total para el empresariado nacional», aseguró Luis Oswaldo Parada Prieto, quien es el presidente de ANDEVIP, gremio que aglutina a las empresas de seguridad.

La audiencia definitoria para socializar los riesgos del proceso quedó citada para el próximo 1 de julio de 2015, sin embargo los guardas que se sienten amenazados por esta decisión gubernamental han amenazado con lanzarse a las vías de hecho de no garantizárseles su derecho al trabajo.

Los empresarios por su parte se sienten acorralados porque la única respuesta que han escuchado por parte de la instancia gubernamental, ante su clamor es: «El proceso seguirá adelante y en toda decisión económica siempre hay afectados».