Procurador acusa a Santos de limitar libertad de expresión al criminalizar a víctimas que graben y divulguen videos sobre actos terroristas
–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado acusó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de recortar la libertad de expresión en Colombia, a propósito de las decisiones adoptadas en el consejo de seguridad celebrado el pasado viernes, pues, entre otras cosas, afirma «se criminaliza a víctimas que graben y divulguen videos o audios relacionados con actos terroristas».
El jefe del ministerio público le envió este lunes una carta al presidente Santos en la cual le pide corregir y aclarar los alcances de las medidas aprobadas en el citado consejo de seguridad, tras los atentados terroristas registrados en Bogotá contra la administradora de pensiones Porvenir.
Ordoñez Maldonado advierte que el transeúnte que graba en su teléfono una situación terrorista no puede ser castigado por divulgarlo en Twitter o Facebook.
«Tal proceder es censura y una práctica propia de gobiernos que quieren manipular información», asegura el Procurador, quien añade que «la crisis de seguridad y dificultades del Gobierno para enfrentarla, no pueden dar paso a medidas que violen las libertades».
El Procurador considera «inadmisible que quienes sufren terrorismo sean intimidados por Estado y acusados de estar inmersos en conductas delictivas».
Ademas enfatiza que «enfrentar el terrorismo tiene un límite infranqueable, que es el respeto a los Derechos Humanos» y que «la consecución de la paz no está por encima de la Constitución y la lucha contra el terrorismo tampoco».
Tras la decisión del Consejo de Seguridad, ese mismo viernes, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre pidió a quienes tuviesen videos o evidencia fotográficas, o de otro tipo que constituyan material probatorio sobre los atentados perpetrados en Bogotá, entregarlas a las autoridades como ayuda para esclarecer los hechos.
Además, Montealegre afirmó: “Los ciudadanos solo pueden entregar videos de audios y cámaras a autoridades competentes. Está prohibido entregar este material a personas distintas a las autoridades de Policía. Si los ciudadanos entregan esta información a personas distintas, estarían incurriendo en delitos, conductas punibles”.
En su carta al presidente santos, el Procurador Ordoñez hace las siguientes precisiones:




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