La Entidad confía en que los recientes anuncios en ese sentido y el horizonte de 4 meses para avanzar en los acuerdos de paz, se traduzcan en el cese definitivo de la violencia para los colombianos. Desde el 22 de mayo a la fecha, la Defensoría ha contabilizado 57 acciones armadas de la guerrilla con consecuencias para la población civil.

Tras conocerse la decisión del Gobierno Nacional de fijar un plazo de 4 meses para evaluar el compromiso de las Farc con el proceso de paz y los anuncios respecto al desescalamiento del conflicto con miras a un cese bilateral definitivo, la Defensoría del Pueblo reconoció lo pactado por las partes el fin de semana como un paso significativo para reducir la violencia y avanzar hacia un acuerdo definitivo.

Elementos como el segundo cese unilateral –ofrecido por la guerrilla a partir del próximo 20 de julio– y la voluntad del Gobierno y la Fuerza Pública para disminuir gradualmente la ofensiva militar, resultan esperanzadores ante el clamor de miles de ciudadanos, particularmente en las regiones, que aún a pesar de los diálogos en La Habana siguen siendo víctimas de la confrontación como ha ocurrido en Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Antioquia, Nariño y Chocó, entre otros departamentos.

La Defensoría del Pueblo, que como se ha dicho desde un principio, acompaña todas las decisiones encaminadas a proteger los derechos humanos y la vida de los civiles, quienes nada tienen que ver con el conflicto armado, mantendrá la vigilancia que viene ejerciendo respecto al cumplimiento de los compromisos suscritos en la mesa de negociación, ya que es su deber legal y constitucional, y por ende a través de sus 36 regionales y del Sistema de Alertas tempranas (SAT), seguirá denunciando cualquier incumplimiento ante la opinión pública, las instancias internacionales y los organismos de investigación y control encargados de impartir justicia.

Vale la pena indicar que desde el 22 de mayo, cuando se suspendió el primer cese unilateral al fuego y las hostilidades declarado por las Farc, esa guerrilla ha protagonizado 57 acciones violentas con afectación directa a la población civil, algunas de ellas provocando daños incalculables al ecosistema, perjuicios en el suministro de servicios públicos fundamentales y averías en las viviendas de quienes residen cerca a los sitios donde han sido cometidos estos ataques indiscriminados, los cuales también han tenido consecuencias para la integridad de algunos ciudadanos.