Este miércoles la Fiscalía General presentó las pruebas contra la abogada Paola Salgado Piedrahita, procesada por su presunta participación y conocimiento en la fabricación y transporte de papas bomba desde el barrio Galerías a la sede de la Universidad Nacional.

El ente acusador entregó una serie de fotografías y audios, producto de las interceptaciones telefónicas adelantadas a la abogada Paola Salgado Piedrahita. Estas pruebas pudieron determinar que los artefactos explosivos fueron utilizados en las protestas que se registraron el 20 de mayo de 2014, donde resultaron heridos nueve agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

De acuerdo con la Fiscalía, Salgado tuvo conocimiento de primera mano sobre la fabricación de las “papas bomba”. Además estas intercepciones permitieron establecer su relación con alias ‘El Profe’, Herley Alexander Lamprea y Gerson Alexander Yacumal.

En la conversación, interceptada el 19 de mayo, se habla sobre una reunión en un lugar cercano a la casa de ‘El Profe’ en la carrera 33 con calle 28. El ente investigador presentó fotografías de los seguimientos hechos en la panadería ‘La Isabella’.

La Fiscalía explicó que en la reunión se fijó el traslado de unos elementos desde la casa de Sergio Segura Guiza hacia la Universidad Nacional. Al otro día se registraron varias llamadas en las cuales se manifiesta que no se podían encontrar a la hora prevista porque tenía un problema en la oficina.

“Siendo las 06:57 horas sale Gerson de la vivienda ubicada en la carrera 28 a número 52-07 y empacan algunas cajas en un vehículo de placas RGZ 835 posteriormente conduce el vehiculo hacia la Nacional”, afirma la Fiscaliza durante la audiencia.

De acuerdo con las pruebas presentadas, fueron cerca de 810 elementos los traslados hacia la Universidad que fueron utilizados contra los agentes. El análisis científico indicó cada bomba tenía un peso de ocho gramos y estaba compuesta por cloruro de potasio, aluminio y azufre.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares en calidad de coautora y violencia contra servidor público agravado. Por esto podría pagar una pena entre los 22 y 30 años de prisión.

En su detención, a Salgado, abogada de la Universidad Nacional, le incautaron sus computadores personales y de escritorio, libros de estudio y la trasladaron a los calabozos de la Sijín.