Según reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 2014 en el país diariamente fueron asesinadas en promedio 2 mujeres; 138 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, 45 de violencia sexual, 122 de violencia interpersonal y cada hora, 4 mujeres fueron víctimas de violencia de pareja.

De manera preliminar se han reportado, entre enero y mayo de 2015, 344 homicidios a mujeres, y de acuerdo con lo establecido por Medicina Legal el presunto agresor tenía o había tenido algún tipo de relación sentimental en 38 de los casos registrados.

Ante la dramática situación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer hizo un llamado las autoridades competentes como: Comisarías de Familia, Fiscalía General de la Nación, Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías – con apoyo de la Policía Nacional, a impulsar las medidas necesarias que garanticen, de manera real y efectiva, el acceso de las mujeres víctimas de violencia a los mecanismos y recursos para su protección, establecidos en la Ley 1257 de 2008, entre otras.

De acuerdo con la entidad, “las autoridades, incluyendo las territoriales, deben tomar de manera urgente las acciones necesarias para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean atendidos aplicando el principio de la debida diligencia”.

Además, pidió que se activen las rutas intersectoriales necesarias para garantizar la vida e integridad de las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia.

Así mismo pidió que se activen los “Consejos de Seguridad” en los que se tenga en cuenta la participación de las secretarías o instancias de mujer y género existentes en los territorios”.

La Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez Vera, hace “un llamado a la sociedad y a las instituciones para unir fuerzas y aportar al objetivo de cero tolerancia frente a las violencias contra las mujeres y a que utilicen la Línea gratuita 155 de orientación a mujeres víctimas, como herramienta para combatir y prevenir estos hechos.”.

En este mismo sentido condenó y ve con profunda preocupación los hechos de violencia contra las mujeres que se han presentado en las ciudades de Cali y Bogotá.

“Es un deber de la sociedad en general y una responsabilidad del Estado adoptar las medidas necesarias para impedir que se generen daños contra la vida, integridad, libertad y seguridad personal de las mujeres y se les garantice una vida libre de violencias. Por ende, las autoridades están en la obligación de adoptar medidas concretas que eviten la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; y en caso de que esto ocurra, se debe garantizar a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia atención y protección integral, así como acciones efectivas para que estas violaciones no vuelvan a ocurrir” concluyó.