La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó este lunes a romper el pacto de silencio en torno a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, como ha sucedido con el denominado «Caso Quemados», reabierto gracias a la información brindada por un exrecluta.

«Hay personas que saben la verdad de muchos casos que permanecen sin resolver y Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto (recluta) Fernando Guzmán y ayuden a reparar tanto dolor», dijo Bachelet en acto celebrado en el palacio de La Moneda.

Fernando Guzmán fue uno de los soldados que en julio de 1986 participaron en el ataque sufrido por Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, que fueron detenidos, rociados con gasolina y prendidos fuego durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.

El fotógrafo Rodrigo Rojas, que tenía 19 años, murió a causa de las quemaduras y Carmen Gloria Quintana, una universitaria de entonces 18 años, logró sobrevivir y recuperarse después de varios años de tratamiento, pese a que tenía más de la mitad del cuerpo quemado.

Después de 29 años de silencio, Guzmán declaró ante la justicia, lo que permitió reabrir el caso y detener hasta ahora a doce exmilitares, de los cuales siete fueron procesados el pasado viernes por el juez especial Mario Carroza, seis como autores de homicidio calificado y uno como cómplice.

Este lunes se registraron las últimas detenciones del caso con la aprehensión de cinco militares retirados, entre ellos Pedro Fernández Dittus, el oficial al mando de la patrulla que agredió a los jóvenes en Santiago y quien ordenó después llevarlos hasta un camino rural en las afueras de la ciudad, donde fueron lanzados a una zanja.

Los otros detenidos hoy son los exreclutas Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco, quienes iban con Fernández en la patrulla y a los que el juez Carroza dejó en prisipn preventiva, tras interrogarlos.

La presidenta Bachelet, recordó hoy que en septiembre de 2014, cuando se conmemoró el 41 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobernante Salvador Allende, solicitó que quienes tuvieran información sobre las violaciones de los derechos humanos, civiles o militares, la entregaran lo antes posible.

«Hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio», subrayó la mandataria.

Carmen Gloria Quintana, que este domingo arribó a Chile procedente de Canadá, donde reside desde hace años, afirmó que lo sucedido estos últimos días ha sido «intenso» por el recuerdo de los trágicos hechos, pero también «esperanzador» para acabar con la impunidad.

«Me da esperanzas de que la justicia es posible y la confianza en el ser humano de que el arrepentimiento sirve aunque sea tarde», dijo después de reunirse con el presidente del Senado, Patricio Walker.

Quintana afirmó que las revelaciones del soldado que propiciaron las detenciones demuestran que «en el interior de las Fuerzas Armadas existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira y del horror para mantener la impunidad».

Los avances en el «Caso Quemados» han sido bien recibidos por las asociaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet, aunque persisten las dudas sobre si las revelaciones del exrecluta constituyen un caso aislado o si sentarán un precedente para resolver otros episodios oscuros del régimen militar.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, consideró que la delación del exsoldado Fernando Guzmán es «una excepción» que no tendrá un efecto contagio, y denunció que el pacto de silencio sigue «absolutamente vigente» en la jerarquía de las Fuerzas Armadas y los políticos de derecha.

«En estos 25 años de transición es muy poco lo que se ha visto en esa dirección y esta es una excepción. Ojalá que sea una lección para que aquellos que tienen información la entreguen, pero creo que no lo van a hacer solo porque alguien se atrevió a hablar», dijo Pizarro a Efe.

La activista subrayó que la impunidad de los crímenes de la dictadura chilena no terminará con la resolución del «Caso Quemados» y solicitó que los poderes del Estado tomen «medidas contundentes» para acelerar la búsqueda de justicia.

Pizarro consideró que la justicia chilena «es muy benévola» con los autores de crímenes de lesa humanidad y sus cómplices, y recalcó la necesidad de endurecer las penas de cárcel para esos casos y el cierre de prisiones especiales para exmilitares.

EFE