Dado que no se ha tomado una decisión definitiva a propósito de la posible reanudación de las fumigaciones de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo espera que la determinación final evite las aspersiones con glifosato, atendido el principio de precaución recientemente acogido por el Gobierno Nacional.

La Entidad recordó que el pasado 27 de abril, en virtud de un estudio publicado por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, adscrita a la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones, concepto que fue respaldado por la Defensoría del Pueblo.

Para la Institución, proteger los derechos a la salud y al medio ambiente resulta prioritario, como lo señaló la Corte Constitucional a través del auto 073 de 2014, en el que solicitó al Gobierno la aplicación del principio de precaución, antes mencionado.

Cabe recordar que entre febrero y marzo de 2015, la Defensoría realizó una visita a 10 comunidades indígenas asentadas en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, en el departamento del Putumayo, donde entrevistó a 378 familias conformadas por 1.378 personas que manifestaron presentar problemas de salud como consecuencia de las fumigaciones, las cuales según los pobladores contaminaron al menos 15 fuentes hídricas y echaron a perder cultivos de caucho, maíz y plátano, entre otros productos.

Precisamente, en el caso del Catatumbo los acuerdos suscritos con las comunidades, otorgan una especial importancia a los programas de sustitución voluntaria, por lo que la Defensoría del Pueblo considera pertinente privilegiar dicha estrategia y avanzar en soluciones concertadas para la erradicación de las plantaciones ilegales.