–En momentos en que circulan versiones sobre la reanudación de las fumigaciones con glifosato para exterminar los cultivos ilícitos en el Catatumbo, que no han sido ni confirmadas ni desmentidas por el gobierno colombiano y la amenaza de un nuevo paro, la Organización de Naciones Unidas, ONU, pidió al gobierno colombiano no estigmatizar con generalidades a todos los campesinos que habitan en la zona, pues advirtió que no todos son cultivadores de hoja de coca.

Entender las particularidades del Catatumbo y de los acuerdos permite, no estigmatizar con generalidades a todos los campesinos, e implementar medidas más efectivas para lograr cambios positivos en la región, señala el organismo internacional en un informe sobre el seguimiento que le ha hecho a los acuerdos suscritos a raíz del último paro realizado por los campesinos y de los cuales ha sido garante.

En el documento, que no hace ninguna relación a la supuesta reanudacion de las fumigaciones con glifosato en la zona, advierte que los habitantes del Catatumbo han cumplido los acuerdos y agrega que aunque sólo participa de este una parte de los campesinos que viven allí, es un ejemplo importante de inclusión social, que es fundamental para que Colombia logre una paz duradera.

El informe hace las siguientes precisiones:

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es garante de la Mesa de Interlocución y Acuerdo de Catatumbo, desde 2013. En dicho espacio nuestro trabajo se ha concentrado en la construcción de Acuerdos entre las Partes, en facilitar su implementación y en verificar el cumplimiento de los mismos.

La Oficina llama la atención sobre la complejidad de la situación del Catatumbo, en la cual, no todos los campesinos hacen parte de los acuerdos con el Gobierno y mucho menos, todos los campesinos que participaron en el paro, son cultivadores de coca. Entender las particularidades del Catatumbo y de los acuerdos permite, no estigmatizar con generalidades a todos los campesinos, e implementar medidas más efectivas para lograr cambios positivos en la región.

Se han realizado varios acuerdos entre el Gobierno y un grupo de campesinos en Catatumbo organizados en ASCAMCAT, cuyos ejes son el desarrollo rural y la sustitución de cultivos ilícitos.

Aproximadamente el 25% del departamento de Norte de Santander lo constituye el Catatumbo. El 50% de su población vive fuera de las cabeceras municipales. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es 4.4 veces superior en la zona rural del Catatumbo que en la ciudad de Bogotá. A pesar que la mayor fuente de ingresos se centra en el sector agrícola, la infraestructura vial se encuentra en mal estado y el 68% son vías terciarias, lo que dificulta enormemente la comercialización de la producción agrícola.

“Es un hecho que Colombia debe superar dos de sus principales problemas: el cultivo de coca y la discriminación en el acceso a servicios básicos relacionados con los derechos al trabajo, la educación y la salud. En el caso del Catatumbo, ambas partes han conseguido cooperar de manera creativa para conseguir sus objetivos. Queda mucho por aprender y sin duda hay muchos resultados positivos de este proceso. Considerarlo fallido es irresponsable y desinformado”, dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Quiero recordar –añadió Howland- que los estados miembros de la ONU acordaron en Durban: su profunda preocupación porque el desarrollo socioeconómico esté siendo obstaculizado por conflictos internos generalizados que se deben, entre otras causas, a violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las derivadas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, y de la falta de gobernabilidad democrática, incluyente y participativa”.

El acuerdo del Catatumbo, aunque sólo participa de este una parte de los campesinos que viven allí, es un ejemplo importante de inclusión social, que es fundamental para que Colombia logre una paz duradera.

La Oficina alienta también a los medios de comunicación a entender el contexto del Catatumbo y de los acuerdos de 2013, lo mismo que a consultar a todas las fuentes de información involucradas en el proceso, que les permitirán ofrecer información precisa y sin distorsiones políticas.

Los Acuerdos y el estatus de implementación:

* Desarrollo rural. En total son 776 familias en dos programas con por lo menos 8.802 hectáreas.
– El programa “post-erradicación” (272 familias) de 7.290 hectáreas entre los municipios de Sardinata y Tibú está en fase de implementación. Las familias han cumplido con el compromiso de la sustitución. La estrategia, bajo monitoreo de UNDOC, está avanzando y se han buscado vías de solución conjuntas a contratiempos presentados. La implementación de los distintos componentes los realiza DPS, UNODC y FAO.
– Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural. Apoyo a la sustitución que beneficia a 504 familias con por lo menos 1.512 hectáreas. La implementación ha comenzado, pero el proyecto completo no está implementado. Hay retrasos por causa de ambas partes, pero hay buena fé y se han realizado esfuerzos, lo que evidencia la voluntad de las partes.

* Inversión en infraestructura vial – Implementados por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Norte de Santander. Esta es condición para facilitar la venta de productos agrícolas que serán producidos por aquellos participantes del programa.

Aún no se ha publicado la licitación para la realización de los estudios para la reparación del anillo vial del Catatumbo. Sí se han iniciado las obras de reparación en vías terciarias, para las que la Gobernación ha prestado maquinaria por 18 meses.

* Salud – Implementados por el Gobierno y la Gobernación. El compromiso ha sido: mejorar el acceso a servicios de salud básicos en las áreas rurales. No se han registrado avances.

* Acueducto y alcantarillado – Implementados por el Gobierno, la Gobernación y las alcaldías: en estos momentos FONADE está realizando visitas a terreno para iniciar los estudios de diseño.

* Zona de Reserva Campesina. El 5 de marzo se logró el compromiso del Incoder de acompañar la constitución de la zona de reserva campesina y trabajar para la sustracción de la zona de reserva forestal. El 27 de marzo de 2014, la Procuraduría solicitó que el Consejo del Incoder se abstuviera de aprobar el proyecto hasta que no se realice la consulta previa al pueblo indígena Barí. El 7 de octubre de 2014, Ascamcat presentó una nueva propuesta para valoración del Incoder. En reunión el 7 y 8 de mayo de 2015, el Incoder admite haber presentado una solicitud equivocada para la certificación del proyecto al Ministerio del Interior y que se debía iniciar de nuevo el proceso.

* Garantías. En el caso de las 5 presuntas detenciones arbitrarias denunciadas por Ascamcat durante el paro de 2013 encontramos que en el 40% los detenidos fueron absueltos tras juicios de entre 14 y 24 meses de duración. El caso del líder Manuel Cuberos, cuya foto aparece en el organigrama de las FARC distribuido por el Ejército en la región, sigue sin resolverse a pesar del reconocimiento del Ejército y el Gobierno, que este líder no tiene procesos en su contra.