–Una segunda condena por 17 años de cárcel, esta vez por el delito de concierto para delinquir, recibió este miércoles Emilio Tapia Aldana como uno de los cerebros del llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

La condena fue proferida por el juez 15 de conocimiento de la capital de la república, que además le impuso una multa de 374 salarios mínimos legales vigentes, esto es el equivalente a 243 millones de pesos.

La sentencia se produjo luego que el controvertido empresario aceptara cargos como responsable de los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Como consecuencia de la aceptación del cargo, entonces, la Fiscalía solicitó que se le aplicara a Tapia Aldana la máxima pena.

La primera condena contra Emilio Tapia Aldana fue proferida el pasado 6 de mayo precisamente por la Juez 42 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento.

Lo sentenció a 3 años, un mes y 6 días de prisión, aunque le concedió la suspensión condicional de la pena. Además la juez conminó al contratista a cancelar un total de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En su fallo la juez advirtió que en ningún momento su decisión afectaba la privación de la libertad que tenía Tapia Aldana, ya que la medida de aseguramiento obedecía a otro proceso.

Ante la sentencia, el fiscal del caso apeló la decisión, al considerar que la pena a imponer debe ser más alta.

Aún falta definir una tercera condena dentro de otro proceso que adelanta el ente acusador contra Tapia Aldana, por el delito de concierto para delinquir.

Según la fiscalía, entre los años 2008, 2009 y 2010, el contratista realizó por lo menos 26 desplazamientos a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, donde se reunió en varias ocasiones con Iván Moreno Rojas, el exalcalde Samuel Moreno Rojas y Julio Gómez, entre otros.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el imputado participó activamente en los contratos 071 y 072 de malla Vial de la capital del país, al igual que en 7 contratos de valorización de obras que debían adelantarse en la fase 3 de Transmilenio.

El abogado, gestor inmobiliario y contratista sin tener la condición de servidor público actuó como interviniente con funcionarios del IDU, a quienes involucró con promesas remuneratorias que le permitían a las entidades seleccionadas, un beneficio económico del 8 por ciento.

Tapia Aldana suministró información sobre las propuestas de otras empresas para manipular las contrataciones y así obtener la selección de las menos opcionadas, puntualizó a fiscalía.

Por las irregularidades en la contratación de las obras de la fase III de Transmilenio (calle 26), la malla vial local y los contratos de valorización del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, y por la entrega de comisiones a funcionarios públicos y particulares han sido condenados también los siguientes personajes:

-Manuel, Miguel y Guido Nule y Mauricio Galofre, contratistas: Dos condenas, una por 14 y otra por 8 años de prisión por peculado, concierto para delinquir, cohecho.

-Julio Gómez, contratista: 10 años de prisión por peculado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Multa: cercana a los 4.500 millones de pesos.

-Inocencio Meléndez y Luis Eduardo Montenegro, exsubdirectores del IDU, 7 y 6 años de prisión respectivamente por interés indebido en celebración de contratos, prevaricato y otros delitos. Multa: 92 y 85 millones de pesos.

-Francisco Rojas Birry, expersonero distrital, 8 años de prisión por cohecho al recibir comisiones para evitar los controles disciplinarios. Multa: 54 millones de pesos.

Además, por la entrega de comisiones de contratistas a funcionarios por los contratos de suministro de asfalto y pavimentación, correspondientes a la Unidad de Mantenimiento y Rehabilitación Vial, se han proferido también condenas para los siguientes implicados:

-Iván Hernández Daza, exdirector de dicha entidad: 3 años de prisión por cohecho impropio. Hernández Daza hizo una devolución de 150 millones de pesos.

-Andrés Camacho Casado, exconcejal de Bogotá: 5 años de prisión por cohecho impropio y a una multa de 50 millones de pesos. 350 millones fueron entregados por el condenado.

-Orlando Parada Díaz, exconcejal de Bogotá y condenado por tráfico de influencias y cohecho. La pena y la multa en este caso está por fijarse.

Además se está investigando el Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas.

Otros procesados por el carrusel de la contratación son el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, acusado por concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho entre otros; la exdirectora del IDU Liliana Pardo y excontralor Miguel Moralesrussi, así como a otros ocho directivos de la entidad y el abogado Álvaro Dávila.