Nacional

Colombia, en el top 25 de sistemas de salud financiados con fondos públicos

salud-oralEl sistema de salud colombiano cuenta con alta capacidad de respuesta frente a los programas de alto costo y las prestaciones que requieren solución vía hospitalaria. Así lo dio a conocer el Viceministro de Salud Fernando Ruíz Gómez, en la CEPAL, donde se analizaron los desafíos de la institucionalidad en el desarrollo de una protección universal bajo el enfoque de derechos.

El directivo sostuvo que Colombia se ubica en el tercer puesto entre los 25 sistemas de salud, financiados con fondos públicos, en materia de gasto total en salud, en el período comprendido entre los años 2000 y 2013. El país aparece por encima de Chile, Brasil, Ecuador y Perú, entre otros; mientras que lo superan Cuba y la Unión Europea. Incluso reporta mejores índices que países de altos ingresos y otras naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos (OECD).

“Este avance se ha logrado a través de una cobertura universal de 45,9 millones de colombianos afiliados al sistema de salud; la unificación y ampliación de los planes de beneficio donde, por ejemplo, 22 millones de colombianos afiliados al Régimen Subsidiado acceden a los mismos servicios que tienen los afiliados al Régimen Contributivo, entre otras estrategias”, expresó.

Lo anterior se complementa con otras actividades del Ministerio de Salud como la inclusión de 183 nuevas tecnologías en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y la protección financiera en el gasto de bolsillo: hoy los colombianos gastan menos en salud (14 por ciento) frente a lo que gastaban por salud en 1994 (45 por ciento).

No obstante, Ruíz Gómez expuso que en la búsqueda de mecanismos contributivos y no contributivos de protección social existen retos importantes para el sistema colombiano en tres dimensiones: “la presión tecnológica, la presión socioeconómica y el acceso con equidad a la prestación de los servicios”, puntualizó.

El foro regional de la CEPAL busca la superación de las dificultades que tienen los países miembros en el desarrollo de una institucionalidad social que coordine adecuadamente las políticas sectoriales, incluidas las políticas de cuidado y salud.