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Judicial Noticia Extraordinaria

Destituyen e inhabilitan 18 años a cinco militares por falsos positivos

falsos-positivosLa Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 18 años a cinco militares del Ejército Nacional por la muerte de dos ciudadanos en hechos ocurridos en julio del año 2013, en la vereda La Merced del municipio de Granada, Antioquia.

Los afectados con la determinación disciplinaria son los entonces tenientes Sergio Restrepo Moreno y Rafael Alberto Ordúz Naranjo, los soldados profesionales John Zapata Escobar y John Góez Escobar, y el cabo tercero Esneider Nieto Duarte, adscritos a los batallones de Artillería No. 4 «Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez» y de Ingenieros No. 4 «General Pedro Nel Ospina».

De acuerdo con la investigación adelantada por el organismo de control, miembros del Ejército Nacional sacaron de forma arbitraria de su casa a un hombre y a una mujer y los condujeron desde la vereda La Merced hasta los alrededores de la vereda El Chocó y, en horas de la tarde, regresaron con ellos a la vereda La Merced, donde fueron dados de baja.

Según la Procuraduría, pruebas allegadas al proceso permitieron establecer que los disciplinados Sergio Restrepo Moreno, John Zapata Escobar, John Góez Escobar, Esneider Nieto Duarte participaron de manera directa en el homicidio de la joven y que el entonces teniente Ordúz Naranjo participó de manera directa en el de la otra víctima.

Señala el fallo que “no se encontró antecedente ni informe de inteligencia de las autoridades militares y de Policía que demuestren que las víctimas “(…) al momento de su muerte se encontraban vinculados a un grupo armado ilegal, que justificara calificarlos como combatientes y que a la vez legitimara el calificativo de objetivo militar, obrando por el contrario pruebas e indicios que permiten considerar que se trataba de campesinos de la región”.

Concluye el órgano de control que los integrantes del Ejército Nacional ya mencionados incurrieron en una infracción al Derecho Internacional Humanitario al causarles la muerte a dos personas que no participaron del conflicto armado.