Por ausencia de pruebas conducentes, pertinentes y útiles, la Procuraduría General de la Nación ordenó el archivo de la investigación disciplinaria adelantada contra 12 concejales de Bogotá por presuntos hechos de corrupción en el denominado “carrusel de la contratación” en Bogotá.

Con base en la información difundida por los medios de comunicación que advertían sobre la posible vinculación de 17 concejales de la capital del país en el denominado “carrusel de la contratación”, el procurador general de la Nación creó una comisión especial que inició un proceso disciplinario y, tras individualizar a los presuntos responsables de los hechos, se ordenó apertura de investigación disciplinaria en diciembre de 2012.

El Ministerio Público recaudó más de 50 pruebas y documentos con el fin de establecer las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se habrían presentado los hechos de denunciados.

En consecuencia, el órgano acopió diferentes pruebas como resultado de las vistas practicadas a la Cámara de Comercio, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Contraloría General de la República, entre otras entidades, y recaudó además copias de las diligencias de declaración rendidas en otros procesos disciplinarios adelantados por estos hechos, así como de los interrogatorios realizados por la Fiscalía General de la Nación y de las declaraciones rendidas ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El amplio recaudo probatorio hecho por la Procuraduría permitió recopilar información suficiente, veraz y concreta respecto de la conducta irregular de los concejales Hipólito Moreno, José Juan Rodríguez, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada Díaz y Wilson Duarte Robayo, lo que dio lugar al inicio de procesos independientes contra estos cinco exservidores.

Como resultado de las investigaciones concretas seguidas a estos, la Procuraduría destituyó a los entonces concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y José Juan Rodríguez, y les impuso inhabilidades para ejercer cargos públicos por 11, 16 y 13 años, respectivamente y se encuentra adelantando las investigaciones disciplinarias contra los señores Wilson Duarte y Orlando Parada.

Entre tanto, no se pudo establecer dentro de qué contratos y en qué entidades los señores Antonio Sanguino, Édgar Torrado, Fernando López, Fernando Rojas, Henry Castro, Javier Palacio, Jorge Durán, Omar Mejía, Rafael Escrucería, Severo Correa, Jorge Salamanca y Julio Cesar Acosta han cometido las presuntas irregularidades denunciadas en forma indeterminada, a tal punto que “la Fiscalía General de la Nación en su oficio del 7 de abril de 2015, indica que las causas seguidas contra dichos servidores en la actualidad se encuentran en etapa de indagación”.

Por lo tanto, al no darse estrictamente los requisitos que exige la ley para formular pliego de cargos contra los 12 cabildantes ya mencionados, se ordenó el archivo definitivo de este proceso disciplinario sin perjuicio de que se puedan iniciar nuevas investigaciones contra los mismos pero por hechos concretos y determinados que no se encuentren prescritos.

Por las irregularidades del “carrusel de la contratación” la Procuraduría ha sancionado a tres concejales de Bogotá, dos congresistas y más de 20 altos directivos pertenecientes a diferentes entidades del orden nacional y distrital.

Esta decisión no exime a la Procuraduría para investigar otros hechos de corrupción que se denuncien por el denominado “carrusel de la contratación” de Bogotá.