–A menos de 48 horas de haber prolongado el cese unilateral del fuego, las Farc advirtieron este sábado que “la tregua y el desenvolvimiento del proceso de paz” están en riesgo porque no hay coherencia de parte del gobierno entre los propósitos trazados y el compromiso de agilizar la conversaciones en La Habana y desescalar el conflicto en Colombia.

En un nuevo comunicado, los cabecillas del equipo negociador del grupo guerrillero advierten que aunque las Farc “han puesto todo su empeño en ello, ha faltado correspondencia y mayor compromiso por parte del Estado”.

Al efecto afirman que aunque “hemos actuado con absoluta transparencia y rigor en el cumplimiento del cese unilateral de fuegos, las operaciones por tierra han ocasionado muertes, capturas y heridas a guerrilleros y guerrilleras en distintos lugares del país, poniendo en riesgo la tregua y el buen desenvolvimiento del proceso de paz”.

Por ello, puntualizan, “la posición de dialogar sin que paren los combates, es una formula condenada al fracaso”.

En el escrito, titulado “alto a las victimiaciones”, señalan que “difíciles circunstancias para adelantar las conversaciones se precipitan cuando se advierte que simultáneamente con el despliegue de las agresiones contra la insurgencia, se incrementan las amenazas, persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y todo tipo de hostilidades contra las dirigencia popular, defensores y defensoras de derechos humanos y el movimiento social colombiano en general”.

Citan un Informe de la Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia, 2015, que daba noticia documentada de que “Colombia sigue inmersa en una situación de conflicto social y armado” y advierten qeu “el país está lejos de vivir una situación de posconflicto o de normalidad en Derechos Humanos, pues subrayanque “la mayoría de las recomendaciones hechas al gobierno y los compromisos asumidos en Derechos Humanos siguen sin cumplirse”.

Destacan “la aplastante responsabilidad del Estado” que se le atribuye al Estado en el informe y que agrega que “se mantienen los ataques contra sindicalistas, personas que defienden los Derechos Humanos, periodistas, opositores políticos y opositores de los proyectos mineros, energéticos y agroalimentarios de las multinacionales”, para subrayar que “la gran mayoría de los delitos quedan impunes y subregistrados, como en el caso de la desaparición forzada de personas, la violencia sexual y la tortura”, entre otros graves indicadores que incluyen el incremento del paramilitarismo, los abusos del ejército y la voracidad de las trasnacionales”.

Hablan también que “se ha constatado por diversas fuentes independientes, por ejemplo, que en los primeros seis meses de este año, 34 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, y que durante los cinco años de gobierno de Juan Manuel Santos el número asciende a 317″.

Pero además–continúan señalando–, los informes apuntan que se han registrado al menos 1480 amenazas y 196 atentados, con el agravante de que, según lo dicho por el Programa Somos Defensores en su informe semestral enero-junio de 2015, “la Fiscalía General de la Nación tiene una decidida falta de voluntad política y administrativa para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia…”.

Puntualizan que “en contraposición, se evidencia una marcada y decidida celeridad y efectividad de esta institución y sus cuerpos investigadores para judicializar y criminalizar a los defensores de derechos humanos y sus acciones cuando son acusados de diversos delitos”.

Y confluyen: “Con absoluta disposición de sacar adelante las conversaciones, hasta alcanzar la firma del Acuerdo Final, como insurgencia decimos que se debe poner freno ya a la generación de más víctimas”.