Jorge Armando Otálora Gómez acompañó a la Canciller y al Ministro del Interior en la instalación de un Puesto de Mando Unificado para brindar asistencia a los colombianos deportados en Cúcuta. El Defensor reportó 60 quejas formales de compatriotas expulsados, por malos tratos de la Guardia venezolana y desalojos forzados que los obligaron a abandonar sus enseres en el vecino país.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela debe ser atendida como un problema de Estado, y señaló que por eso es necesario asegurar una respuesta coordinada y prudente de las instituciones.

El funcionario acompañó a la Canciller, María Ángela Holguín, y al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la instalación de un Puesto de Mando Unificado para brindar asistencia a los connacionales expulsados, quienes han denunciado violaciones a sus derechos fundamentales en el vecino país.

Otálora Gómez precisó que ya son 60 las quejas formales recibidas por la Defensoría, y explicó que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se está dando trámite a esas declaraciones para que por la vía diplomática se revise cada uno de los casos. Así mismo, la Defensoría del Pueblo gestionó albergue temporal para 180 compatriotas que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria de la Entidad. De hecho, el Defensor visitó el coliseo municipal de la capital nortesantandereana, donde actualmente hay 207 personas refugiadas.

Vale la pena indicar, que según los registros oficiales son 751 los compatriotas recién obligados a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Esequiel Zamora, al otro lado de la frontera. Las autoridades investigan la situación de 34 niños, niñas y adolescentes, que de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados, habrían tenido que quedarse en Venezuela sin sus seres queridos.

A la zona también viajó, un equipo de alto nivel encabezado por el Defensor Delegado para los Derechos de la Población Desplazada y el Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, con el fin de fortalecer las tareas humanitarias y dar alcance a las denuncias presentadas por quienes han sido objeto de este éxodo forzado, que además de fracturar varios hogares, ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional.