El procurador general, Alejandro Ordoñez, afirmó que el Gobierno venezolano adoptó una política de ataque sistemático contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.

De acuerdo con el procurador, tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera, además comprenden una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas están legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país.

También se presentan desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. Se segrega a los colombianos, se les criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante hostigamiento”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.

Se denuncian casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques a la integridad física y al crear un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.

En conclusión, el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos fundamentales de los colombianos.

“La Procuraduría rechaza de manera enfática esta práctica y advierte que la continuación de esa política de ataques a la población colombiana constituiría crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional”, sostiene el Ministerio Público.

Las denuncias mencionadas observan las características descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto representan una persecución a un grupo o colectividad con identidad propia, en este caso, la nacionalidad colombiana, y a que comprenden actos de deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, abusos sexuales, desaparición forzada de personas y actos inhumanos que causan intencionalmente sufrimiento y atentan contra la integridad de las personas.

La Procuraduría le pidió al Presidente de la República que exija al gobierno venezolano el desmonte inmediato de su política de ataque sistemático contra los derechos humanos de la población colombiana en la frontera y en cualquier otro lugar de su territorio. El problema no se resuelve simplemente reabriendo la frontera, sino desmontando definitivamente esa política arbitraria contra los colombianos.

Además, se insta al Gobierno que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de un informe público sobre las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en la zona de frontera por parte del gobierno venezolano, no obstante ese Estado haya denunciado la Convención Americana.

Del mismo modo, se exhorta al Gobierno para que comunique la situación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Comité de Derechos Humanos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en su función preventiva y en el marco de la defensa de los derechos de los connacionales, elaborará un informe detallado con destino a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para lo de su competencia.

“Personalmente, como representante del Ministerio Público visitaré la zona en los próximos días para escuchar a los afectados y articular con las autoridades locales, regionales y nacionales lo que sea necesario en defensa de sus derechos a la vida, al trato digno y a la integridad”, manifestó el procurador Ordoñez.