El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo en un enfático pronunciamiento que la crisis que viven hasta el momento los 1.113 connacionales de desde que el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción en cinco municipios en la zona de frontera con Colombia, es una enorme crisis humanitaria que debe ser atendida como un problema de Estado.

Las declaraciones del funcionario las hizo durante la instalación de un Puesto de Mando Unificado para brindar asistencia a los connacionales expulsados, quienes han denunciado violaciones a sus derechos fundamentales en el vecino país. “Es necesario asegurar una respuesta coordinada y prudente de las instituciones”, señaló.

Otálora Gómez precisó que ya son 60 las quejas formales recibidas por la Defensoría, y explicó que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se está dando trámite a esas declaraciones para que por la vía diplomática se revise cada uno de los casos.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo gestionó albergue temporal para 180 compatriotas que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria de la Entidad. De hecho, el Defensor visitó el coliseo municipal de la capital nortesantandereana, donde actualmente hay 207 personas refugiadas.

Las autoridades investigan la situación de 34 niños, niñas y adolescentes, que de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados, habrían tenido que quedarse en Venezuela sin sus seres queridos.

En la zona hace presencia un equipo de alto nivel encabezado por el Defensor Delegado para los Derechos de la Población Desplazada y el Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, con el fin de fortalecer las tareas humanitarias y dar alcance a las denuncias presentadas por quienes han sido objeto de este éxodo forzado, que además de fracturar varios hogares, ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional.