— El vicepresidente de Venezuela Jorge Arreaza anunció para este jueves el inicio de un “registro” en la frontera del Táchira con Colombia “para verificar quiénes viven allí, dónde trabajan y cuáles son sus necesidades”, para “replantear una dinámica en el caso fronterizo” y “restituir los derechos económicos y sociales de la población”.

A su turno, el comandante de la Región de Defensa Integral (Redi) Los Andes, general Efraín Velasco Lugo, aclaró que no sacarán a todos los colombianos del Táchira, para rectificar información que en este sentido se ha difundido por los medios de comunicación.

En transmisión de Venezolana de Televisión, desde la zona industrial de Ureña, en el estado Táchira, el vicepresidente Jorge Arreaza indicó que el registro incluirá los almacenes, los comercios y las industrias de la zona, afectada por actualmente por prácticas paramilitares, y el contrabando de extracción de alimentos y de productos de la cesta básica venezolana hacia Colombia, que inciden negativamente en la vida económica y social de Venezuela.

“Vamos a abordar lo económico, lo productivo, vamos a ir por todas las fábricas, los comercios, las empresas, para saber quiénes son sus trabajadores, cuáles son sus beneficios, si se está cumpliendo con la Ley del Trabajo, cuál es la situación legal de esa empresa y de sus dueños, al producción”, explicó desde la empresa Intercar, que fabrica carrocería de vehículos, donde se reunió con los trabajadores para conocer las condiciones laborales.

Arreaza indicó que este Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos de la Frontera, que tendrá una base de datos única, establece la obligatoriedad de suministro de información veraz, completa y oportuna así como la cooperación obligatoria de todos los residentes y actores económicos, así como la constitución de una plataforma interoperable, donde se centralice la información para la verificación de datos y actualización permanente de los registros.

Mientras tanto, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, indicó que este registro se propone “replantear una dinámica en el caso fronterizo, un inventario de todos los factores de manera simultanea; agrícola, económico y vivienda. Es la primera vez en toda la historia de nuestro país que eso va a ocurrir”.

“Estamos procurando dar un salto, ya no se trata solamente de la configuración de la visión de censo, sino de un registro, que tiene datos individuales, datos particulares de cada uno de los actores desde el punto de vista productivo y de la actividad social, que va a tener condición de interoperatibilidad”, amplió Menéndez.

Por su parte, Raúl Pacheco Salazar, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), comentó que el registro va a ser actualizado de manera permanente, inicialmente en el municipio Ureña, donde fueron segmentadas cada una de las áreas económicas, que comprende industrias, comercio y servicios, agrícola, y la variable social (población, hogar y vivienda), que se realizará casa por casa.

“El objetivo es restituir los derechos económicos y sociales de la población, es encontrar qué problemas hay y que situaciones se han generado para irlas corrigiendo en tiempo real”, agregó Pacheco.

El registro se llevará a cabo por equipos de trabajo conjuntos del INE, del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), del Ministerio del Trabajo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), quienes estarán plenamente identificados.

LA EXPULSION DE COLOMBIANOS

En cuanto al proceso de deportación que ha venido realizando el gobierno venezolano, el comandante de la Región de Defensa Integral (Redi) Los Andes, general Efraín Velasco Lugo, aclaró que no sacarán a todos los colombianos del Táchira y aseguró que al respecto se ha mal informado.

“Se trata de una situación muy puntual. Muchos (colombianos) tienen hijos que hoy día son policías o militares venezolanos, trabajadores y formadores de trabajo”, añadió.

La aclaratoria la hizo tras la solicitud del obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, quien pidió que se compruebe la estadía de colombianos que han perdurado años en Venezuela y no se han legalizado.

“Hay casos de personas que tienen más de 30 años viviendo en el Táchira”, explicó el representante eclesiástico, tras intercambiar visiones con algunos afectados en el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, a donde se acercó a fin de conocer de cerca la actuación de los militares y el proceso de deportación de familias colombianas a su país.