La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presidida por la Procuraduría General de la Nación y de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, revela en el informe entregado al Congreso de la República que al ritmo en que se ha avanzado hasta la fecha para la implementación de las medidas de indemnización administrativa y restitución de vivienda, no será suficiente el plazo inicial de la norma para ejecutar todo lo que ella ordena.

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo advierte su preocupación porque la Ley 1448 de 2011 tiene una vigencia de diez años, de manera que el proceso de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas en Colombia en su dimensión individual y colectiva debería darse por finalizada el 10 de junio del 2021; pero cuando han trascurrido ya cuatro años desde la sanción de esta norma, solo se ha indemnizado al 7,48% de la población objeto de atención, asistencia y reparación integral, y solo se han restituido 35.000 de las 7’075.897 hectáreas que se estima fueron despojadas en el país, según la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la República.

Población víctima en Colombia

Según el informe, la Red Nacional de Información cuenta actualmente con un universo de 7’490.375 víctimas, de las cuales 5.916.381 personas son sujeto de atención, asistencia, y reparación integral. Adicionalmente, en el Registro Único de Víctimas (RUV) se encuentran 303 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 91 cuentan con planes en formulación y de éstos 72 se encuentran en ejecución. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de la demanda para la implementación de la ley.

No se conocen registros de víctimas que hayan sido objeto de reparación integral, es decir, que hayan recibido las cinco medidas previstas: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los esfuerzos se han concentrado fundamentalmente en indemnización y restitución, cuyos resultados, como ya se ha señalado, tienen aún índices muy bajos de cobertura.