–La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está desfinanciada y faltarían 33,6 billones de pesos para completar los recursos que se requieren para pagar la indemnización administrativa y el componente de vivienda a los inscritos en el Registro ünico, RUV, sin tener en cuenta las demás medidas de reparación integral, según lo advierte un informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la misma ley, presidida por la Procuraduría General de la Nación.

“Es necesario hablarle claro al país y a las víctimas sobre el futuro de la implementación de la Ley 1448 de 2011”, subraya la comisión, de la cual hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas.

El informe destaca que según las proyecciones y cálculos de la Contraloría, solamente para pagar las indemnizaciones administrativas y el componente de vivienda (restitución) a quienes están inscritos en el Registro Único de Víctimas, y sin tener en cuenta las nuevas víctimas que el conflicto sigue generando, el país deberá invertir aproximadamente 33,6 billones de pesos corrientes de 2015, adicionales a lo ya destinado para tal fin.

Esto sin contar –agrega–los recursos que demandaría la implementación de las tres medidas adicionales previstas para la reparación integral: rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Se reconoce en el informe que el problema fundamental que enfrenta el cumplimiento de la Ley 1448 en términos económicos, radica en la combinación de una coyuntura macroeconómica más compleja, ya que el marco fiscal de mediano plazo prevé una cantidad de recursos inferior a la requerida por las víctimas, al tiempo que el número de personas a asistir, atender y reparar integralmente no cesa de crecer y hoy alcanza cerca del 14% de la población total del país.

Frente a las necesidades de recursos para garantizar lo estipulado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo considera que lo que procede es la realización de una actualización seria del plan de financiamiento previsto en el documento CONPES 3712 de 2011, que implica la revisión detallada de todas y cada una de las medidas de asistencia, atención y reparación integral que se deben llevar a las cerca de seis millones de personas afectadas por el conflicto armado. Se reitera que el país debe tener claridad sobre las necesidades económicas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población víctima, y abrir así el debate sobre las fuentes de financiamiento de la ley, las alternativas y la manera de mejorar la ejecución de esos recursos.

INDEMNIZACION-REPARACION

De otro lado, en el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se advierte que el avance en la indemnización a las víctimas tiene rezagos considerables si se consideran los cuatro años de vigencia de la Ley 1448 de 2011 y el universo de víctimas a atender.

La indemnización es una de las cinco medidas previstas para la reparación integral (además de la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y corresponde a una de las más relevantes para las víctimas por cuanto les permite acceder a recursos económicos para avanzar en sus proyectos de vida. Lo es asimismo para el Estado debido a los significativos recursos invertidos.

Preocupa a la Comisión de Seguimiento el alcance que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas le ha dado a la medida de indemnización: En el artículo titulado “Cuatro años con las víctimas del conflicto armado” (publicado en la página oficial el 10 de junio de 2015), la entidad indica que “506.100 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, lo que les ha permitido recuperar o transformar su proyecto de vida”. En este sentido, es necesario precisar que la transformación real de la situación de las víctimas requiere de la complementariedad entre las demás medidas de reparación integral dispuestas por la ley.

Señala el informe de la comisión que la indemnización por sí misma no genera estabilidad ni es capaz de reparar, restaurar o construir proyectos de vida, y que dada la limitada implementación de otras medidas como la restitución de vivienda, la rehabilitación psicosocial o las alternativas de satisfacción, el potencial transformador de la indemnización administrativa se ve limitado y no es aprovechado en su máximo potencial, e incluso muchas veces se pierde su propósito.

Avances de la indemnización en los territorios

A partir de la caracterización municipal, la comisión construyó un reporte departamental sobre el número de indemnizaciones pagadas por cada uno de ellos. Se advierte en el informe que el 42,1% de las indemnizaciones pagadas al primero de febrero de 2015 se concentraron en tres departamentos: Antioquia, que tiene el mayor número de indemnizaciones pagadas con un total de 136.127, seguido por el Valle del Cauca con 28.361 y Cesar con 21.678. Los departamentos con menor número de indemnizaciones son Guainía, Vaupés y Amazonas, con 19, 56, y 94 respectivamente. Cabe aclarar que se incluyó al Distrito Capital en la medición de manera independiente al departamento de Cundinamarca.

Al cruzar el número de indemnizaciones pagadas en el departamento contra el numero de victimas ubicadas o residentes en el mismo, se evidencia que los departamentos con mayor avance son San Andrés con el 13,7 % y Casanare con el 12,1% de victimas indemnizadas y, por otro lado, los de mayor rezago son los de Guainía y Vaupés, los cuales sólo han avanzado el 0,2% y 1,2% respectivamente.

Así, la Comisión de Seguimiento concluye que la medida de indemnización no presenta avances significativos en el territorio. Si bien es cierto que es una de las medidas en la que se están concentrando los mayores esfuerzos presupuestales y operacionales, en promedio se ha avanzado en el 7,4% de la implementación de esta medida después de cuatro años de vigencia de la ley y a seis de que se cumpla el plazo de su implementación.

Además, según las metas del Plan de Desarrollo: “Juntos por un Nuevo País”, para el año 2018 se habrá avanzado en la reparación de aproximadamente 1.000.000 de personas víctimas del conflicto armado, dejando en claro que el llamado “avance” en la reparación se presenta cuando la víctima alcanza tan sólo dos de las cinco medidas, de manera que se trata de una reparación parcial y no integral.