Por instrucciones del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y ante la gravedad de la situación, la delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, y su equipo de trabajo regresaron a la capital de Norte de Santander para continuar atendiendo y articulando acciones de protección a los menores de edad víctimas de la política sistemática contra los colombianos implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Por instrucciones del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuraduría General de la Nación reforzó en el departamento de Norte de Santander las acciones de atención, acompañamiento y articulación estatal a los colombianos víctimas de deportación, abusos y agresiones por parte del Estado venezolano, con especial énfasis en medio centenar de niños y jóvenes separados arbitrariamente de sus padres y familiares.

Acompañada de un equipo de trabajo interdisciplinario compuesto por funcionarios de la Procuraduría Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos, el Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales y las procuradurías regional y provincial, la procuradora para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, regresó a la zona de frontera para recaudar la información sobre las víctimas, sus condiciones actuales y las estrategias de protección de sus derechos fundamentales, visitando y atendiendo en la mañana de hoy directamente a los menores de edad ubicados en el albergue “El Morichal” de Villa del Rosario y en el colegio Misael Pastrana Borrero de la ciudad de Cúcuta.

“Hemos hecho gestiones para asegurarles el tema de alimentación, ayudas a sus familias, específicamente a quienes les están recibiendo en sus casas, y las gestiones para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pueda adoptar con ellos la figura del hogar gestor, y para que se les brinde asesoría sicológica. Los niños manifiestan preocupación por sus padres y también me han expresado que algunos no han podido dormir por pensar en su futuro inmediato y el de sus familias”, explicó la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos.

Ante la crisis humanitaria que persiste y los informes pormenorizados que la procuradora delegada continúa presentando al jefe del órgano de control en materia de infancia, adolescencia y familia, el procurador general de la Nación reitera su llamado al Gobierno del presidente Juan Manual Santos para que implemente las medidas necesarias y exija al Estado venezolano el fin de la aplicación de una política sistemática en contra de nuestros compatriotas residentes en zona de frontera.

Igualmente, la Procuraduría reitera la gravedad de la situación humanitaria en Cúcuta y otras zonas de Norte de Santander, y advierte sobre el posible agravamiento de esta ante la llegada de nuevos deportados y refugiados colombianos que arriesgan su integridad al cruzar la frontera por zonas no destinadas para el tránsito de personas o bienes.

Por tratarse de delitos de lesa humanidad contra los colombianos residentes en Venezuela, la información recaudada por la Procuraduría General de la Nación será presentada ante la fiscal de la Corte Penal Internacional. De la misma forma, el procurador Ordóñez solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imponga medidas cautelares al Gobierno de Venezuela para que cese el ataque en contra de nuestros compatriotas.