–Un llamado a las autoridades competentes para vigilar y controlar los recursos que se invierten para financiar las campañas electorales solicitó la Procuraduría General de la Nación, al advertir un alto flujo de dinero para el trasteo y compra de votos que se ha puesto en evidencia en diferentes zonas del territorio colombiano con base en las denuncias o quejas hechas por los ciudadanos.

Según el Ministerio Público, al analizar las estadísticas de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, se ha establecido que el 52,23 por ciento de las denuncias se relacionan con aspectos que demandarían cuantiosos recursos por parte de las campañas.

En el comunicado, señala que la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación ha realizado un detallado análisis de las quejas que los colombianos han presentado ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), y que por ello, emite una alerta por las posibles irregularidades que se estarían presentando en materia de financiamiento de las campañas.

Explica que de las 1.658 quejas que se habían presentado -con corte al pasado 12 de agosto-, 579 responden a presunta propaganda electoral extemporánea; 169 son sobre posible trashumancia electoral (trasteo de votos) y 118 por presunta corrupción al sufragante (promesa, pago o entrega de dinero o dádiva a cambio del voto a favor de un candidato, partido o corriente política).

En este sentido–subraya la Procuraduría–, preocupa a este organismo de control que el 52,23% de las denuncias se relacionan con aspectos que demandarían cuantiosos recursos por parte de las campañas.

Finalmente precisa que en ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación formula un llamado a las autoridades competentes de realizar vigilancia y control a los recursos que se invierten para la financiación de las campañas, de manera que se eviten riesgos como aportes indebidos de parte de actores al margen de la ley o el desborde de los límites establecidos por las normas vigentes, aspectos estos que sin duda afectan la transparencia del proceso democrático para la elección de gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales.