–Tras proclamar que son “insurgentes”, que están ejerciendo el derecho universal de la “rebelión” y además, que son “víctimas” y no victimarios del conflicto armado, los cabecillas de las Farc que negocian la paz con el gobierno colombiano en La Habana, reiteraron que no van a pagar “ni un segundo de cárcel” e insistieron en una “ley de amnistía muy amplia” para concluir el conflicto.

“Lo que se adelanta en La Habana no es un proceso judicial sino un proceso de diálogo para alcanzar la paz. Persistir en la idea de llevar a la cárcel a la insurgencia es un maximalismo inaceptable”, afirmó alias Jesús Santrich, uno de los cabecillas que participa en las negociaciones en Cuba.

Según este sujeto, “desde los grandes medios se alienta la idea de que en Colombia lo que ha habido es una guerra de los terrorista de las Farc y del Eln contra la sociedad o contra la población y esto es absolutamente falso, en primer lugar porque no somos terroristas y luego porque nuestra guerra de resistencia ha sido contra el régimen de injusticia que ha victimizado a las mayorías”.

“Por eso–subrayó–, es que no cabe, que en el nivel de avance que han alcanzado los diálogos, se pretenda que es desde la Fiscalía General de Colombia que se deben calificar los hechos y las responsabilidades a partir de parcializados y sesgados paquetes de imputaciones que evidentemente apuntan sólo hacia los alzados en armas”.

Además aseguró que el “Estado es el máximo responsable por acción y por omisión de las victimizaciones” y que “las Farc, independientemente de los errores que hubiésemos cometido sin intención de causar daño, y sobre los cuales hemos dicho que estamos dispuestos a responder, hablamos desde la orilla de las víctimas”.

En declaraciones que reproduce la agencia de noticias Anncol, Santrich afirmó que “no es un proceso judicial contra las Farc, y que si de buscar responsables para aplicar la justicia retributiva y carcelaria se trata, los nichos de la impunidad están dentro del bloque de poder dominante”.

En un proceso de paz como el que se adelanta para Colombia–continuó–, no se debe insistir por parte de quienes buscan cierres jurídicos para el mismo, en buscar máximos responsables para los crímenes que se hubiesen cometido durante el conflicto, solamente dentro de quienes empuñaron las armas, y mucho menos se puede ni se debe pretender que esos máximos responsables están en la insurgencia, la cual en últimas en una respuesta legítima a las injusticias impuestas por el régimen.

Expresó también que “en materia de impunidad no son las Farc las beneficiarias”, pues anotó que “la impunidad existe, digamos, para los genitores e instigadores del paramilitarismo y para quienes hacen parte del bloque de poder dominante, incluida su dirigencia política, empresarial, financiera y económica en general”.

Insistió en que simplemente en las Farc han ejercido “el derecho universal a la rebelión”, de lo cual “no existe arrepentimiento alguno” y aseguró que por ello “no admitimos sanción de ningún tipo”.

En su concepto, lo que se debe hacer “es reconocer que somos rebeldes, que lo que ha habido en este último medio siglo es un alzamiento contra un orden social injusto, lo cual nos coloca nuevamente en el campo político y en la idea de que entonces la solución al conflicto en este proceso de diálogo es esencialmente política, por más elementos de orden judicial que se le quieran incluir”.

Por ello habló de “restablecer el delito político incluyéndole las más amplias conexidades”, de que “habría que pactar una ley de amnistía también muy amplia para resolver el asunto de la ilegalidad de la insurgencia” y señaló que “si llegare a haber casos que no son amnistiables, debe existir un mecanismo extrajudicial para alcanzar la normalización”.

En opinión de este cabecilla de las Farc, “no son las comunidades empobrecidas que han padecido los rigores de la guerra las que claman cárcel sino las voces del establecimiento que es donde se rebosa la impunidad”.

Igualmente dijo que “un Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluya un componente de justicia vengativo no puede atravesarse en el camino que se ha ido abriendo exitosamente hacia la conquista de la paz”.

Según él, no hay ninguna norma internacional que obligue a que las sanciones deban ser carcelaria a o de privación de la libertad o deducirse de enjuiciamientos penales.

Añadió que “hay otras formas que van desde el hecho mismo de brindar verdad hasta las situaciones en que se procede con efectivos actos de reparación y compromiso de no repetición, que equivalen a cumplimiento de sanciones alternativas que extinguen la responsabilidad penal”.