–Detener los ataques y la persecución que viene realizando el régimen de Nicolás Maduro contra los colombianos en la frontera, pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado.

Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el Gobierno colombiano, el jefe del Ministerio Público solicitó medidas cautelares para que se protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera.

Al efecto, invocó el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la obligación de ese organismo de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados partes, en particular, los que se derivan de la Convención, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, y la Carta de la OEA.

El Procurador sustenta su petición en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, por parte del Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana.

Según lo destaca el funcionario, esta política ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro.

Al efecto subraya que se han presentado cientos de deportaciones arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida, por el solo hecho de ser nacionales colombianos o de origen colombiano, ejecutadas por parte del Gobierno venezolano a través de sus fuerzas militares en el marco de un estado de excepción decretado en diferentes municipios del estado Táchira, siguiendo una política de ataque sistemático decretada públicamente por el presidente Nicolás Maduro contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.

Destaca que tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y comprenden, de acuerdo con las denuncias públicas, al menos las siguientes situaciones arbitrarias:

1. Una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas se encuentran legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país. Existen denuncias de personas que afirman que sus documentos legales han sido destruidos por los agentes del Gobierno venezolano antes de ser expulsados de su territorio nacional.

2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. A los colombianos se les ha criminalizado, estigmatizado y han sido sometidos a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera constante y sin orden judicial, como parte de una práctica de hostigamiento permanente.

4. Se han denunciado casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques contra la integridad física creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.

5. Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en lugares determinados en territorio venezolano y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.

6. En lo que constituye una prueba de política de xenofobia, se marcan las casas donde habitan familias colombianas con el fin de que estas sean demolidas por las autoridades.

De todo lo anterior– puntualiza el comunicado del Procurador–, se desprende que el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos humanos de los colombianos que se encontraban, y aún se encuentran, asentados en su territorio nacional.

La Procuraduría afirma que espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actué a la mayor brevedad y evite que la crisis humanitaria se siga agravando, con alto costo para los derechos de miles de colombianos que viven en la frontera.

Finalmente subraya que desde el primer día de la crisis la Procuraduría General de la Nación ha estado en el terreno acompañando a los colombianos víctimas de la persecución del Gobierno venezolano y que resultado de ese trabajo, la entidad ha recopilado suficiente información y material probatorio que le permite acudir a las instancias internacionales para defender los derechos de los colombianos.