Por: Luis Eduardo Forero Medina
Funcionan 222.222 entidades sin ánimo de lucro. ( diariamente se acreditan más de 35.) Son cuestionadas por presuntamente abusar y exceder sus funciones, evadir impuestos ( sólo el 2% los paga) ,efectuar donaciones aparentes, actuar como “fachadas”, etc. La opinión generalizada es que están al garete.

Las entidades sin ánimo de lucro comprenden las asociaciones campesinas (nacionales y extranjeras), corporaciones, fundaciones, grupos de voluntariado, organismos comunales y cooperativas; fondos de empleados y mutuales. Algunas universidades, y hospitales operan bajo esa modalidad. Con la acreditación que les otorga la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) (antes DANSOCIAL), empiezan a trabajar, muchas en pro de la comunidad y algunas desviadas del camino, incursionando en actividades mercantiles y hasta políticas. A partir de su acreditación, el Estado les pierde el rastro; sólo hasta hace dos años se les obliga a inscribirse y renovar el registro mercantil. Gobernaciones y Alcaldías contratan directamente con esas sociedades, y contradictoriamente esos mismos entes las vigilan. En tanto que sus ingresos brutos ascienden a $130 billones anuales, solo tributan $200.000 millones en impuestos, según Hacienda. En 2012 cancelaron impuestos de renta equivalentes al 3%.

El gobierno nacional desde hace un tiempo las tiene en la mira para reformarlas; ya la Comisión de los Nueve que trabaja desde febrero de este año, presentó su primer informe. Se eliminaría la contratación directa de los entes territoriales con esas entidades, como está desde el Decreto 777 de 1992; se les pasaría al régimen común tributario; se suprimiría la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y se fortalecerá la administración tributaria con la contratación de miles de empleados. Expertos opinan que el gobierno hace cuentas alegres con dicha reforma. Para el presidente Santos se debe “ controlar la evasión de algunas entidades sin ánimo de lucro que tienen en realidad actividades comerciales o industriales, y operan como una empresa privada.” El gobierno pondrá el acelerador a la “regulación contable pública”, cumpliendo uno de los requisitos para el ingreso de Colombia a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).