En manos de una Subcomisión de la Comisión Primera del Senado quedó la construcción de una política pública orientada a trazar un «puente» con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que castigue severamente este delito, pero además que sea complementada con una asistencia social, de salud y laboral para este grupo poblacional, que hoy se encuentra en el anonimato, tras ser agredida en su integridad. (2748 personas de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía).

Así se deprende de un diálogo entre esta célula legislativa presidida por el senador Manuel Enríquez Rosero, (Partido de la U) quién abrió la ´puerta para escuchar a las víctimas de ataque con ácido, -entre ellas- Natalia Ponce de león, quién presentó su caso en un mensaje televisado, al encontrarse en recuperación después de su intervención número 17.

Precisamente, además de la ciudadana colombiana, dejaron sentada su posición frente a este delito y sus efectos colaterales en su vida y de sus familias, la señora madre de Natalia Ponce de León, así como médicos especialistas en reconstrucción facial y asistencia sicológica, que demandaron de la Comisión de Asuntos Constitucionales, plasmar en el proyecto de ley, no solo un castigo severo a los responsables del delito de ácido, sino una acción del Estado orientada a favorecer a las víctimas, desde la óptica de reincorporación a la vida productiva, que permita su recuperación y dignificación como personas.

En palabras de los senadores Manuel Enríquez Rosero, Roosvelt Rodríguez (Partido de la U), Alexander López (Polo Democrático) Claudia López (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), José Obdulio Gaviria (Centro Democrático) y Armando Benedetti (Partido de la U),Doris Vega(Opciòn Ciudadana), tras escuchar al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y Protección Social y a las víctimas del ataque con ácido, se abre paso un conceso, en la urgencia y la necesidad que tiene Colombia y los colombianos de contar con un proyecto de ley, que castigue severamente a los agresores.

«También de avanzar más allá. Construir desde el Congreso, con un puente permanente con el Gobierno una política pública integral a las víctimas. Es decir, el proyecto de ley no solo continua su estudio en el legislativo y contará con una ponencia colegiada, a través de la presencia de todos los partidos con asiento en la Comisión Primera», indicaron.

Finalmente, la totalidad de legisladores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado expresaron su solidaridad con las víctimas del delito de ácido, que de acuerdo con información de las autoridades superan más del centenar cada año, incluidos hombres, mujeres y niños (en la mayoría de los casos no se denuncian)

«El Congreso y el Estado debe acompañar a las víctimas, con el propósito que se recuperen de un delito atroz, infame y que las castiga a la luz de sicología a vivir en circunstancias muy difíciles de vida, alcanzado un drama humano que se extiende a sus familias. «, subrayaron.