La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los señores Carlos Arturo Delgado Flórez y Juan Karol Hincapie Osorio, en sus condiciones de distinguido y dragoneante del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) con funciones en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal (Coped), porque al parecer ocasionaron lesiones personales a tres internos.

Según el auto de cargos los hechos objeto de investigación sucedieron el 31 de julio de 2012, aproximadamente a las 3 de la tarde, en el Centro Administrativo La Alpujarra, cuando los internos se desplazaban de una diligencia judicial hacia los calabozos ubicados en dicho centro y fueron golpeados por personal del Inpec, al parecer, sin que pudiesen defenderse pues se presume que los internos estaban esposados.

Para el ente de control, los miembros del Inpec podrían haber incumplido, entre otras leyes, el artículo primero de la Constitución Política de Colombia que determina “(…) Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho”. En este orden se determina la relación Estado-individuo-sociedad y su soporte es el respeto por la dignidad humana. Por tanto se debe considerar que aún, estando en condiciones de reclusión se debe respetar el principio de dignidad humana. De igual forma en el artículo 12 de la Carta Magna se establece que nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En esta etapa procesal, el órgano de control calificó la falta como gravísima cometida a título de dolo.