Aduciendo compromisos personales, los representantes del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, pidieron a la Fiscalía se aplace la audiencia de imputación de cargos prevista para el 15 de septiembre.
La solicitud de la defensa de Cruz, es porque el exmandatario cundinamarqués “tienen una diligencia judicial pendiente programada con mucho tiempo de antelación hecho por el cual no pueden asistir a la audiencia programada en el complejo judicial de Paloquemao”.
Manifestaron al organismo investigador, definir una próxima fecha “lo más pronto posible”, para realizar la audiencia de imputación de cargos en la que se le acusará formalmente de los delitos de, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza.
Por otro lado se conoció que el organismo inició una revisión al que sería el último contrato que dejó antes de renunciar a la gobernación de Cundinamarca Álvaro Cruz, investigado por el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá.
Se trata de una licitación para entregar la concesión para el manejo de las actividades propias de tránsito a cargo de esa región del país.
Según las autoridades, el contrato fue suscrito pocos días antes de salir de la Gobernación, unos 6 días, en el que se estaría hablando de más de 2 mil millones de pesos.
Al parecer y según fuentes cercanas al organismo investigador, Álvaro Cruz pagaría siete años de cárcel y devolvería $800 millones por carrusel de la contratación, como parte del preacuerdo con la Fiscalía.
En el preacuerdo el ex gobernador se comprometería a entregar 800 millones de pesos para reparar a víctimas del Carrusel, esto dentro de una aceptación de cargos en la imputación programada para el próximo 15 de septiembre en el complejo judicial de Paloquemao.
Además se conoció que Cruz podría gozar de ciertos beneficios por colaborar con las autoridades como un sitio especial de reclusión, argumentando que presenta problemas de salud.
Los hechos del particular corresponden a que, durante los meses de diciembre de 2009 a febrero de 2010, Cruz entregó dineros a funcionarios públicos de la Unidad de Mantenimiento Vial y Rehabilitación Vial en Bogotá, y a concejales de la ciudad que manejaban dicha entidad, para generar favorecimientos en la ejecución de contratos de suministro de asfalto y emulsión asfáltica, compuestos por las empresas ICM Ingenieros e Incoasfaltos.
El mandatario departamental habría incurrido en estos delitos, por presuntamente haber en ejecutado un contrato por 24 mil millones de pesos, adjudicado en el año 2009 por la administración de Bogotá, para el suministro de asfalto para reconstruir la malla vial de la ciudad capital.
Según el fiscal del caso, el gobernador Cruz Vargas entregó a funcionarios y concejales de la ciudad dineros para que en la licitación respectiva se favoreciera a la empresa Unión Temporal Asfaltos.
De acuerdo con el organismo investigador, el monto del dinero entregado por Cruz Vargas ascendió a 800 millones de pesos, que salieron del anticipo del mismo contrato.
