Este lunes el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, denunció la constitución de verdaderas mafias que pretender sacar provecho de las víctimas del conflicto armado que buscan indemnizaciones.

El jefe del organismo de control alertó sobre la necesidad de revisar los sistemas de registro e información del Sistema Nacional de Atención a la Reparación Integral de las Víctimas.

“No se trata de una situación generalizada sino de varios hechos de abuso y extralimitación en el ejercicio de derechos, que intermediarios inescrupulosos promueven deslegitimando ese ejercicio y afectando de manera grave recursos que sin duda se pueden calificar como sagrados, en tanto están dirigidos a rescatar a las víctimas de la violencia del conflicto de esa desdichada condición”, aseguró el contralor Villazón.

Para el contralor, es necesario prevenir y evitar que, como en otros sectores, las víctimas del conflicto ahora caigan en manos de delincuentes que negocian con sus derechos y defraudan al Estado.

“Estamos viendo y tenemos la impresión de que hay víctimas que están siendo inducidas a recurrir bien sea a la acción de tutela o bien al juicio contencioso administrativo para recibir la indemnización. Pese a que la indemnización administrativa no excluye el derecho de las víctimas a acudir a instancias judiciales, es posible que, azuzadas por inescrupulosos, pretendan una doble indemnización, lo que exige un mayor rigor en los controles por parte del Estado para evitarlo”, manifestó el contralor general.

A lo anterior, agregó: “Este es un tema bien delicado que puede llevar a hechos de corrupción y a la creación de carteles de tramitadores y porque no decirlo con nombre propio, de abogados que se dediquen a hacer este tipo de andanzas al margen de la ley, alterando la forma cómo se ha concebido la Ley de Víctimas”.

De igual forma, propuso que sería conveniente que se haga un estudio serio para encontrar las razones que expliquen el sorprendente incremento en el número de víctimas: de 3, 8 millones cuando se tramitó la Ley de Víctimas a los cerca de 7 millones que se tienen hoy registrados.

El contralor Villazón explicó que se está afianzando en algunos sectores la tendencia preocupante de confundir las políticas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno con aquellas que el Estado debe desarrollar para garantizar bienestar y condiciones de dignidad a toda la población.

Por último, el funcionario comentó que sería conveniente identificar alternativas y mecanismos de racionalización que permitan reformular y elaborar presupuestos suficientes y reales para atender, en plazos razonables, los procesos de reparación de las víctimas.