En la citación de control político que se llevó a cabo en la mañana del lunes en el Consejo de Estado, el Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, destacó el avance que ha tenido la política de vivienda, sobre todo en los últimos años. “Desde la entrada en vigencia de la ley 1537 del 2012 y hasta abril de 2015 se asignaron 73.281 subsidio de vivienda en especie, representados en condiciones efectivas de vivienda, de los cuales 51.048 fueron asignados a desplazados. Esto constituye un verdadero incremento que hay que reconocer”, dijo el contralor.

Asimismo, se destaca que más del 50 % de subsidios familiares de vivienda gratuita se han realizado en los años 2014 y 2015 y se observa que el subsidio otorgado 100% en especie en condiciones de habitabilidad y gratuidad “es un modelo efectivo que debe seguirse perfeccionando”, explicó Maya en su exposición.

A la fecha el ministerio de vivienda ha terminado 92 mil viviendas y las restantes ya se encuentras en proceso de ejecución y están contratadas. “Estamos muy satisfechos. El Contralor hace una división clara de lo que eran los subsidios monetarios los cuales no se podían aplicar porque las víctimas no contaban con cierre financiero y con lo que estamos haciendo ahora, que es entregar la vivienda garantizando el derecho a una vivienda digna”, dijo el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona.

En el informe de avance presentado a la Corte Constitucional por el Ministerio de Vivienda, con corte a abril de 2015, se destacó que de 2003 a 2011 se asignaron 91 mil subsidios en dinero de los cuales se legalizaron 44.389; lo que mostraba que, en el marco de la política anterior, se destinaron 48.6% de los subsidios en dineros asignados desde 2003.

Maya Villazón también indicó que la vivienda digna para personas en condición de desplazamiento es un buen ejemplo de un proceso de reformulación solicitado e impulsado por la Corte Constitucional desde su ejercicio de monitorear.

“Hasta hace poco menos de dos años el monitoreo mostraba un logro de goce efectivo de derecho de apenas 11.3%, donde se verificaba que las condiciones de habitabilidad se daban en precarias condiciones y se presentaban graves problemas de asignación y carencia de materiales apropiados, además de insuficiencia al acceso de servicio públicos domiciliarios”, expuso en Contralor.

Esas circunstancias habían sido atendidas por la Corte Constitucional a través del auto 08 del 2009 en la que llamaba la atención sobre los precarios resultados del modelo de asignación de subsidios familiares en dinero para vivienda urbana diseñados por el Gobierno anterior.

Dicha situación se explica por lo siguiente:

La baja capacidad financiera de desplazados no les permitía lograr los recursos suficientes para cubrir la financiación no subsidiada por el Estado para el acceso a la vivienda.
Por sus mismas condiciones los desplazados no son sujetos de crédito ni bancarizables.
Consecuente a la baja de demanda de vivienda de interés prioritario dado a la falta de capacidad adquisitiva de la población desplazada se originaba escaza oferta de vivienda de este tipo.
“La corte ordenó, entonces, la reformulación de la política pública para población en situación de desplazamiento de vivienda, a lo cual respondió el Gobierno Nacional con la formulación de la Ley 1537 de 2012 que constituye la plataforma legal del programa de vivienda gratuita y donde surgen normas tendientes a facilitar y promover el acceso y desarrollo a la vivienda a la población más vulnerable”, explicó Maya.

De igual forma, Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas de Colombia, aseguró que “La política de vivienda contribuyó significativamente en el cumplimiento de las órdenes, se cambió el modelo de asignación en subsidios familiares de vivienda en dinero por aquel en especie. Esta figura asegura un acceso efectivo a las soluciones de vivienda por parte de los hogares victimas de desplazamiento”.

“Esto significa que vamos mejorando y que la política pública de vivienda atendió las recomendaciones de la Corte Constitucional”, puntualizó Henao Cardona.