–Extrañamente, la presidencia de Venezuela en su página web presentó la víspera un informe bajo el título “Colombia afrontará elecciones en octubre próximo bajo la sombra del fraude y la violencia”, basado en reportes de la llamada Misión de Observación Electoral, MOE y de medios de comunicación colombianos.

“Corrupción y violencia son los principales peligros que ponen en riesgo la transparencia de los comicios regionales y locales que se realizarán en Colombia el próximo 25 de octubre, de acuerdo al más reciente informe elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE)”, destaca el escrito, cuyo texto integral es el siguiente:

Según la MOE, la transparencia electoral en 487 municipios -de las 1.101 jurisdicciones que tiene Colombia- está en jaque. Es decir, casi la mitad de los municipios en Colombia tiene riesgo de fraude.

Los malos presagios no han pasado desapercibidos por la prensa de ese país. Una nota editorial publicada el pasado sábado por Semana advierte el por qué: “si hace diez años el mayor fantasma era la parapolítica, hoy es la corrupción”.

Si en 2011, el mayor escollo para unas elecciones libres y diáfanas era la comunión entre los paramilitares y la política, ahora, en 2015, la corrupción de los partidos políticos que participan en los comicios constituye el desafío a superar para garantizar comicios limpios señala la MOE.

“Aquí reemplazamos la política armada por la política corrupta. Eso es lo que se está comiendo las elecciones”, declaró a Semana la directora de la MOE, Alejandra Barrios. De acuerdo a la organización, la posibilidad de fraude pasó de 328 municipios en 2007, a 487 en 2015.

Las cifras distan de las ofrecidas por el gobierno colombiano, que a inicios de septiembre informó sobre la disminución de las amenazas para la jornada electoral de 356 municipios en 2011, a 268 en 2015.

La transhumancia electoral, delito que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al que se reside, es la modalidad de corrupción más corriente, pese a que el castigo por ese hecho punible oscila entre 4 y 9 años de prisión.

A inicios de este mes, el ministro de Interior colombiano, Juan Fernando Cristo, informó que más de 800.000 cédulas habían sido inscritas de manera irregular después del cierre del registro de documentos para las elecciones.

“Hay entre 800.000 y un millón de cédulas inscritas en las que se encontró que no coincide la información de propiedades, Sisben, ni Fosyga con el municipio en donde el inscrito aspira sufragar. Vamos a actuar para que con la mayor celeridad y contundencia se comience la anulación de estas cédulas”, dijo Cristo citado por el diario El Tiempo de Bogotá.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está al tanto de esa situación. La máxima autoridad comicial inició las investigaciones en 86 de los 194 municipios costeños, ante la posibilidad de que hayan existido irregularidades en la zonificación, refiere un reporte del diario El Heraldo publicado este lunes.

La Fiscalía, por su parte, investiga más de 600 casos de personas relacionadas con la trashumancia o “trasteo” de votantes.

Aunque la corrupción es el principal factor de riesgo en estos comicios, la violencia -producto de más de medio siglo de conflicto armado- no ha dejado de ejercer su influencia. Los grupos armados que operan en ese país tienen a 268 municipios bajo la amenaza de fraude, cifra que representa 24,3% de las jurisdicciones que irán a elecciones.

Un informe entregado a inicios de este mes por la Defensoría del Pueblo detalla que tan solo este año se han registrado seis homicidios de candidatos o familiares de políticos, y otros seis de funcionarios públicos.

Las bandas criminales, nacidas tras el proceso de “desmovilización” de las organizaciones paramilitares, son las que representan mayor amenaza porque tienen una incidencia verificada en 156 municipios, reconoció la Defensoría en un comunicado.

Los departamentos más afectados por esa situación de violencia, según la MOE, son Guaviare, Caquetá, Chocó, Arauca y la Guajira, éstos dos últimos limítrofes con Venezuela.

La semana pasada, la cifra roja de violencia en Colombia se engrosó tras el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, de 31 años, perpetrado por sicarios cuando ingresaba a la emisora en la que laboraba.

Núñez era la directora de la emisora La Preferida estéreo, del municipio de Pitalito, en el suroccidente de Colombia.

“Era una periodista reconocida, que se había caracterizado por hacer denuncias”, dijo a El País de España el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Pedro Vaca, quien lamentó que más de 45% de las investigaciones por homicidios a reporteros ha prescrito.

“Nos preocupa la impunidad”, agregó. La hipótesis de la organización que dirige Vaca es que el asesinato se produjo por “el cubrimiento electoral” que efectuaba la reportera.

Colombia sigue en la lista de países de más riesgo para ejercer el periodismo, precisa El País. En los últimos 15 años, 144 reporteros han sido asesinados y en lo que va de 2015, se registraron más de 126 casos de agresiones a periodistas.

En los comicios regionales de octubre, los colombianos elegirán los cargos de gobernadores para los 32 departamentos, diputados a las Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales.