El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a indemnizar a un hombre que fue detenido en tres oportunidades por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), pese a que no tenía ningún requerimiento por parte de la justicia.

En mayo de 2000, el Tribunal Superior de Cali absolvió a esta persona por el delito de enriquecimiento ilícito y ordenó su libertad inmediata, pero en octubre de 2003, y luego en noviembre del mismo año, fue detenido por el CTI en Cali en cumplimiento de una medida de aseguramiento que aparecía en el sistema de la Fiscalía.

Un año después, en noviembre de 2004, la persona vuelve a ser detenida en un evento en Cali, pese a que supuestamente había sido borrado del sistema en enero, lo cual ocasionó que demandara al Estado por daños y perjuicios.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que en este caso se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable a las entidades condenadas, puesto que no existen pruebas que demuestren que el Tribunal Superior de Cali le informó a la Fiscalía de la sentencia absolutoria a favor del actor para que se actualizara la base de datos de antecedentes penales y, por otra parte, aunque supuestamente esta se modificó a principios de 2004, ese mismo año volvió a ser detenido.

“Es claro que las actuaciones de los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación constituyen un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues sus acciones y omisiones afectaron el derecho de la libertad y de la locomoción del actor, lo cual le causó un daño que no estaba en la obligación de soportar”, indica la sentencia.

El fallo agrega que si bien la Fiscalía presentó demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali (fallada en contra de los intereses del actor en el 2005), lo cierto es que esto no afectaba el beneficio de libertad otorgado al afectado en el 2000.