En días pasados un grupo de ciudadanos liderado por el abogado, Juan Felipe Grillo, presentaron ante los juzgados administrativos de Bogotá una acción de cumplimiento exigiendo lo establecido en el plan de desarrollo distrital respecto al Sistema de Transporte Público de Bogotá, con la finalidad, según Grillo, de obtener una fecha “decisiva e inaplazable” para la implementación total del SITP.

Según el abogado, varios de los problemas que más afectan a los bogotanos en la operación del sistema y los lleva a recurrir a medios legales son “las demoras en la chatarrización de 5.570 buses antiguos que actualmente siguen en funcionamiento, falta de rutas operando en sectores como Suba, Fontibón y Perdomo, desorden en algunos puntos de inicio de las rutas atendidas por los buses azules los cuales generan contaminación e invasión del espacio publico, además del sobrecosto que deben pagar lo usuarios por tema de transbordos”.

“Actualmente hay 6.000 buses tradicionales vinculados provisionalmente al sistema y en los que la modalidad de transbordo no aplica generando el cobro de una tarifa plena y adicional a los usuarios, teniendo que pagar por el servicio nuevo y también por el antiguo ¿Por qué no se utilizan las tarjetas del sistema en los provisionales? Si están vinculados al sistema se supone que el medio de pago en estos buses debería ser por medio de las tarjetas, ¿cómo se controla el ingreso de estos dineros al sistema si se paga en efectivo? señaló.

Además, según Grillo, los renombrados líos jurídicos de Egobus y Coobus dos de los nueve concesionarios encargados de la operación de la flota del SITP, los cuales se encuentran actualmente intervenidos por la Superintendencia de Puertos y Transportes, dificultando la posibilidad de definir una fecha final para la implementación total del sistema.

Con esta acción de cumplimiento, afirma Juan F. Grillo, se quiere mostrar que “existen formas legales por las cuales los ciudadanos pueden supervisar e intervenir en el correcto actuar de los funcionarios públicos y generar control sobre el trabajo que realizan en la ciudad exigiendo el cumplimiento de las metas y las promesas hechas al iniciar su gobierno”.